MUCHAS tribunas he firmado en este periódico, El Día de Córdoba, y en el resto de cabeceras del Grupo Joly, como profesor Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Pero, posiblemente, será ésta la última en esa condición académica. Lo seguiré haciendo, como antes lo hice durante años, si lo estima oportuno el director de este rotativo, en otra condición profesional, académica, o ciudadana.

Como es de sobra conocido, la aplicación concreta de una norma aprobada por el Gobierno de España, el Real Decreto 14/2012, de 14 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, supondrá el "despido", la no renovación, de numerosos profesores asociados en la Universidad de Córdoba a fecha 30 de septiembre.

La figura del profesor asociado, que se introdujo en el sistema universitario español en los años ochenta, incorporaba a la docencia universitaria la vertiente práctica de las diferentes materias y saberes académicos y programáticos de los diferentes títulos universitarios, venía a atraer al aula universitaria profesionales que aplican en la realidad los conocimientos teóricos que el alumnado recibe en el aula universitaria, así como a tomar contacto directo con salidas profesionales reales.

En los procesos de selección para acceder a la condición de profesor universitario se nos exige estar en activo en el ejercicio profesional, así como la acreditación de una carrera profesional dilatada relacionada con la materia de la asignatura a impartir. Además, y en todo caso, las renovación de nuestros contratos es por cursos académicos, desempeñando no sólo la tarea docente, sino la elaboración previa a cada curso de las guías docentes (programas de las asignaturas), así como evaluación y elaboración y publicación de las actas, en definitiva, toda la tarea docente universitaria. Todo ello con dotación económica muy modesta.

Lo grave de la aplicación de la norma estatal es que se priva al alumnado universitario de una figura docente que les aproxima a la realidad. Lógicamente, catedráticos y titulares universitarios aportan los conocimientos teóricos fundamentales y esenciales del título universitario, los contenidos clave. Pero el profesor asociado viene a completarlos con la praxis concreta, con el objetivo de una formación integral del alumnado, que le aproxima a la realidad del mercado de trabajo, a la realización práctica de la profesión en la que se está formando.

En los tres cursos académicos en los que he impartido docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba he disfrutado mucho con los alumnos y alumnas con los que he trabajado, he intentado sembrarles inquietud por la investigación, por el sentido práctico y el espíritu crítico. Ha sido una experiencia muy gratificante, cientos de alumnos de de las asignaturas que he impartido Sistema Constitucional de Derechos y Libertades, de Instituciones Públicas de Andalucía y de Constitución Económica tengo en mi mente, que estoy seguro que serán grandes profesionales del Derecho y de la Economía. Lástima que por los recortes imperantes se prive a la Universidad de ese sentido práctico que ha aportado hasta ahora el profesor asociado.

En estos cursos académicos por mi aula de la Facultad han pasado, por ese sentido práctico de la docencia universitaria, el Defensor del Pueblo de Andalucía, diputado/as del Parlamento de Andalucía, el director de El Día de Córdoba (en dos ocasiones, para abordar la libertad de expresión), miembros del Consejo Consultivo de Andalucía, etc. Y he organizado dos debates "electorales" en el aula, con los candidato/as de los seis partidos tanto al Congreso (elecciones generales) como al Parlamento de Andalucía (elecciones autonómicas). El balance no puede ser mas positivo. Las palabras de mis alumna/os las tengo como un valioso tesoro, son el futuro, y mi satisfacción es total por haber contribuido modestamente a su formación universitaria.