MAS de 5.000 personas se echaron en la tarde de ayer a las calles de Huelva para clamar contra la desaparición de los pequeños Ruth y José Bretón Ortiz y solidarizarse con su familia, que sufre desde hace cuatro meses la terrible ausencia de ambos. Fue la expresión de dolor de una ciudadanía que se rebela contra el culpable o culpables de unos hechos que, desgraciadamente, están aparentemente lejos de esclarecerse cumplidos cuatro meses desde que tuvieron lugar. En la marcha, una de las más numerosas de cuantas se recuerdan en la capital onubense, se dieron la mano bajo un mismo lema -Queremos volver a casa- personas con y sin relación alguna con los niños, aunque unidas en el dolor y en la indignación por lo ocurrido. También estuvieron presentes representantes de instituciones y organizaciones políticas de distinto signo, quienes guardaron un segundo plano para dejar el protagonismo a las víctimas del suceso. La detención en Córdoba del padre de los pequeños como principal y único sospechoso de ambas desapariciones hizo que pudieran verse algunas pancartas dirigidas en su contra y que se escuchasen voces reclamando que el peso de la Justicia caiga sobre él, unas reacciones previsibles y hasta cierto punto lógicas que, sin embargo, no pueden llevarnos a renunciar a nuestros principios por muy duras que sean las circunstancias. Por obvio que resulte, es preciso insistir en que un Estado social de derecho se basa en un sistema judicial con garantías procesales, entre las que figura en lugar destacado la presunción de inocencia. Hasta que los indicios existentes puedan ser tomados como pruebas contundentes, José Bretón no podrá ser enjuiciado por la desaparición de sus hijos. Casos como el de Dolores Vázquez, condenada injustamente por un jurado popular por la muerte de Rocío Wanninkhof (su verdadero asesino, Tony Alexander King, fue descubierto a posteriori), nos obligan a una reflexión. Que la sed de venganza no nos ciegue y no se anteponga al objetivo principal: que Ruth y José aparezcan cuanto antes.