LA procreación es una de las aventuras más apasionantes que el ser humano pueda emprender, una experiencia vital irremplazable que conlleva grandes exigencias, si se quiere hacer bien. Considerarla de otra manera es reducirla a un proceso puramente biológico y deshumanizado. Por eso debe ser siempre fruto de una decisión libre, voluntaria y responsable. La mujer o la pareja -cuando se trata de una decisión compartida- deben poder vivir la gestación, el nacimiento y la crianza de la forma más plena posible, conforme a sus valores y personalidad, con el apoyo sanitario y social que necesiten.

De igual manera, se ha de facilitar el desarrollo y disfrute de una dimensión tan genuinamente humana como la sexualidad, desde el respeto a las ideas y principios de cada persona. Proporcionar educación afectiva y sexual desde edades tempranas de la vida, lógicamente acompasada con el nivel de maduración personal, es un reto que implica no sólo al sistema educativo sino también a los padres. Los hechos desmienten que así se inciten relaciones sexuales más precoces y, por el contrario, cuando éstas se producen resultan más enriquecedoras y los jóvenes son más capaces de controlar sus consecuencias.

En este contexto, la utilización de métodos anticonceptivos por parte de las personas en edad fértil es una de las opciones posibles, aunque no la única, para evitar los embarazos no deseados. Se ha demostrado que facilitar el acceso a estos métodos, junto con educación sexual que incluya la capacitación necesaria para saber utilizarlos correctamente, comporta menos riesgos de embarazos indeseados y menor tasa de abortos inducidos.

Los métodos de barrera y hormonales deben estar al alcance de todas las personas que los necesiten, sin limitaciones económicas o culturales. Por ello deben dispensarse gratuitamente en los centros sanitarios públicos a jóvenes y personas con escasos recursos económicos. Igualmente, deben venderse en las farmacias sin necesidad de receta médica, incluida la llamada píldora del día después, como procedimiento anticonceptivo excepcional. Siempre con el necesario asesoramiento de los profesionales sanitarios, pues no olvidemos que los farmacéuticos también lo son y cumplen un excelente papel en relación con el correcto uso de los medicamentos.

Si, pese a esas medidas prioritarias, se produce un embarazo no deseado, la mujer tiene derecho a decidir su interrupción, cuanto más precozmente mejor, contando con información, apoyo y asistencia sanitaria. Está incluida como prestación del Sistema Nacional de Salud debiendo proporcionarse en condiciones de gratuidad y calidad e incorporarse progresivamente como un servicio normalizado en los centros públicos, especialmente extrahospitalarios.

Accesible para todas las mujeres que voluntaria y responsablemente lo soliciten en los primeros meses de gestación, sin obstáculos ni trabas, sean en forma de restricciones legales o de trámites administrativos y pagos por adelantado, como se exige en algunas comunidades autónomas. Lejos del efecto disuasorio que persiguen estas cortapisas, sólo provocan demoras con mayor riesgo para la embarazada, desviaciones para sortear las normas e inequidades según el poder adquisitivo de cada mujer.

Abortar es una decisión seria y grave, que nadie lo dude. La mujer que decide interrumpir su embarazo tiene razones muy importantes para hacerlo. Las leyes y los servicios públicos no deberían añadir más sufrimiento psicológico, sino proteger y apoyar a quien opte por la maternidad, a quien quiera prevenir el embarazo y a quien decida interrumpirlo. La mayoría de las personas queremos vivir en una sociedad respetuosa con nuestras ideas, principios y creencias, donde se nos trate como adultos conscientes y responsables de nuestros actos. Que nadie se vea obligado a nacer sólo como consecuencia de un accidente o un contratiempo resignadamente aceptado, porque creemos decididamente en la dignidad y el valor de la vida de las personas, de todas las personas.