Comunidad Valenciana

El Gobierno destituye al delegado de Valencia tras ser detenido por corrupción

  • Serafín Castellano está acusado de presuntos favores a un contratista en su etapa como consejero de Gobernación. Ha quedado en libertad provisional tras declarar ante el juez, aunque se le ha retirado el pasaporte.

Serafín Castellano ha sido cesado este viernes como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana tras ser detenido en una operación por supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como consejero de Gobernación. Tras comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Castellano ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

El ahora ex delegado del Gobierno ha declarado en sede judicial durante algo más de media hora. Según el TSJCV, la titular del juzgado le ha tomado declaración como imputado y tras la misma ha acordado las citadas medidas, de acuerdo con la petición fiscal.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la destitución en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha informado de que el sustituto se nombrará en próximas fechas. Sáenz de Santamaría ha asegurado que "tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial" en torno a Castellano, se ha procedido a su destitución "inmediata".

Respecto al nuevo delegado, ha explicado que se acordará una vez que se redacte el informe de idoneidad obligatorio tras la entrada en vigor de la nueva normativa de los altos cargos. Este informe, exigido al acceder al puesto y a su salida para comparar su situación patrimonial, es una de las medidas aprobadas este año por el Gobierno en materia de regeneración democrática, por lo que no se pudo aplicar al caso de Castellano. No obstante, ha recordado que las irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y cuando decretan alguna medida, es cuando el Gobierno pasa a tener conocimiento. "No se puede sustituir la labor judicial en estos casos. Una vez conocida la investigación, se ha producido el cese inmediato. Es como se tiene que actuar y así lo hemos hecho", ha apuntado Sáenz de Santamaría.

Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la consejería dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado  las mismas fuentes. En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo. Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.

Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.

Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado. También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunidadt Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".

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