LA ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó ayer su dimisión, horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Ángel Ruz dictase el auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- contra 43 imputados en la primera fase del caso Gürtel, la trama de corrupción política liderada por Francisco Correa a la sombra del poder del Partido Popular en Madrid, Valencia y otras comunidades. El auto de Ruz conducirá a sentarse en el banquillo de los acusados en este juicio a la hasta ahora ministra de Sanidad y persona de toda confianza de Rajoy, Ana Mato, aunque no en calidad de imputada, sino como presunta responsable civil de algunos de los delitos que se sustancian. Concretamente de los delitos que supuestamente cometió su ex esposo, Jesús Sepúlveda, que en su condición de alcalde de Pozuelo de Alarcón y senador habría favorecido a los integrantes de la red Gürtel mediante la adjudicación de contrataciones públicas y el encargo de organización de eventos y actos de la Comunidad de Madrid o del propio PP, a cambio de retribuciones ilícitas en cantidades millonarias de dinero, vehículos, viajes y fiestas privadas. Precisamente la responsabilidad civil se aplica, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, a las personas que se benefician del fruto de un delito del que no tenían conocimiento. Es lo que el magistrado Ruz llama "partícipe a título lucrativo" en referencia expresa a Mato: la documentación requisada a los contables de Gürtel enumera y detalla los regalos entregados a la familia Sepúlveda-Mato entre 2000 y 2004, desde billetes de avión, hoteles y alquiler de coches a pago de fiestas infantiles y una primera comunión (de la hija del matrimonio), aparte de dos vehículos de los que la ministra se desentendió alegando que eran sólo de su esposo. Sea como fuere, la sombra de la corrupción política, aunque sea colateralmente, acechaba al Gobierno de la nación, encarnada además en una ministra cuya gestión ya había sido seriamente cuestionada incluso dentro del PP. Y ello se producía precisamente en vísperas de que el presidente Rajoy presente y defienda hoy en el pleno del Congreso de los Diputados una batería de medidas que, como la reforma de la financiación de los partidos o la nueva legislación sobre incompatibilidades de los cargos públicos, han sido anunciados como parte de un impulso decidido para combatir la corrupción y promover la regeneración democrática que los ciudadanos exigen de modo creciente y airado. A la presión de la oposición se ha sumado la procedente de las filas del PP, conscientes de que la continuidad de Mato iba a arruinar por completo el esperado plan del presidente contra la corrupción. No le quedaba otra salida.