España

El PP rechaza derogar la reforma constitucional que pactó con el PSOE

  • Los populares lamentan que los socialistas se empeñen ahora en romper con el pasado "porque sufren el síndrome de la coleta".

El PP ha rechazado en solitario en el Congreso derogar la reforma constitucional que pactó con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para priorizar el pago de la deuda, una iniciativa promovida por la Izquierda Plural que ha contado con el anunciado apoyo del PSOE.

Alberto Garzón, el portavoz económico de la Izquierda Plural, ha empezado por celebrar que el PSOE quiera ahora derogar la reforma del artículo 135 para que los ciudadanos recuperen sus derechos económicos y sociales. Los socialistas también han admitido de entrada que fue un error aprobar ese artículo sin consenso y sin el referéndum ciudadano, según ha dicho el representante del PSOE, Antonio Pradas. Una intervención con más de una crítica a los socialistas por aceptar hasta las "últimas consecuencias" el ataque al estado del bienestar con la reforma de un artículo, que, según ha explicado, se ha convertido en un parapeto para favorecer al poder económico minoritario y perjudicar, por contra, a la mayoría social.

Todas las fuerzas políticas salvo CiU, que se ha abstenido, y dos del Mixto (UPN y Foro Asturias), que se han aliado con el grupo popular, han votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de la Izquierda Plural.

Pese a reconocer que fue un error aprobar ese artículo, el representante socialista ha recordado que fue "útil" en tanto que impidió el rescate de España y ha insistido en que ellos no cuestionan el pago de la deuda porque mandar ese mensaje que lanzan otros, en alusión a Podemos, pondría en riesgo el pago de las pensiones y los salarios de los funcionarios. La estabilidad presupuestaria es "compatible" con el estado de bienestar y garantiza su supervivencia, pero el PP, ha lamentado, ha optado por hacer "el peor uso, el más injusto" de este principio. Al igual que Garzón, ha señalado que la corrección del artículo 135 es solo una parte de una reforma "mucho más real, eficaz y ambiciosa", que tiene que llegar incluso a la instauración de un nuevo marco territorial.

Ya por la mañana, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quiso aclarar que su intención no es derogar el 135, sino "completar y corregir" el artículo de la Constitución para garantizar y "blindar" la financiación de la sanidad, la educación y las pensiones públicas.

Durante el debate, las críticas al PSOE por su cambio de criterio se han sucedido desde la mayoría de los grupos, especialmente del representante del PP, Rafael Hernando, quien, con más de una referencia al partido de Pablo Iglesias, ha lamentado que ahora el principal grupo de la oposición se empeñe en romper con ese pasado "porque sufren el síndrome de la coleta". Hernando ha recordado que fue el Ejecutivo socialista el que se llevó "por delante" la estabilidad presupuestaria y condenó a España a ser "víctima del rescate", y fue en ese contexto en el que las dos formaciones mayoritarias, a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ahora parecen "renegar", acordaron una reforma que ya habían emprendido otros países de la UE. Tras señalar que España ha dejado de ser el "enfermo" de Europa, se financia más barato y la prima de riesgo no aparece como un "fantasma", ha dicho a los socialista que el futuro no se conquista con "ocurrencias" sino con reformas y "arrojo" como está haciendo el PP.

La diputada de UPyD Irene Lozano ha respaldado corregir el artículo 135, a lo que ha concedido un "alto contenido simbólico", pero, al igual que otros diputados, ha avisado de que "no hay que crear falsas expectativas" porque eliminar el límite de gasto "no acabaría con la austeridad". Aunque ha dado su voto a favor, el PNV ha considerado que el apoyo de IU y del PSOE a la reforma se interpreta más en "clave electoral" porque "están mirando por el retrovisor a Podemos, o por el parabrisas". Desde CiU, que ha decidido abstenerse en la votación porque no participó en la votación de su reforma en el 2011, Josep Sánchez Llibre ha opinado innecesario volver a cambiar el polémico artículo al considerar que la financiación de los servicios sociales está garantizada por los presupuestos y por otras leyes.

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