Las elecciones del 20-N pondrán por primera vez en cuestión la eficiencia de ayuntamientos y diputaciones, ya que la mayoría de partidos llevan en sus programas, de una manera u otra, una reforma de la Administración local que reorganice estas instituciones al amparo de la crisis.

En estos comicios las comunidades autónomas pasan a un segundo plano, mientras que las diputaciones, que en 2012 serán bicentenarias, ven tambalear su estructura ante la multitud de voces que abogan por su supresión. También entran en el debate los ayuntamientos más pequeños, ya que los políticos piden su fusión.

En su programa, el PSOE subraya el "éxito sin paliativos" del Estado de las autonomías, mientras que señala que la organización territorial en el ámbito local "necesita ser más eficaz". La propuesta más innovadora de los socialistas es la transformación de las diputaciones provinciales en Consejos de Alcaldes, que tendría encomendado el gobierno y la administración de la provincia, carecerían de estructura política y permitirían un ahorro de más de 1.000 millones de euros, según estimaciones del propio candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El PP se limita a fomentar la agrupación voluntaria de municipios "para una prestación óptima de los servicios" al tiempo que plantea modernizar el marco legal de las diputaciones, cabildos y consells "para garantizar el adecuado y eficaz desarrollo de su función constitucional".

En definitiva, los populares proponen la articulación política, competencial y financiera de los entes locales para garantizar su "correcto encaje dentro de la arquitectura territorial del Estado".

IU insiste en el Estado federal, republicano y solidario, pero también entra en la estrategia de racionalizar la Administración y aquí se fija en las diputaciones, por cuya eliminación aboga, y en los ayuntamientos, a los que aconseja un proceso de fusión.

También UPyD propone un Estado federal fuerte con competencias exclusivas en sanidad, educación, justicia y medio ambiente, donde las autonomías tengan las mismos competencias y financiación, sin privilegios ni excepciones, y una Europa federal con una fiscalidad europea común.

Además plantea una distribución racional de competencias entre Estado, comunidades y ayuntamientos para evitar duplicidades, despilfarro y burocracia inútil. Entre los partidos nacionalistas, el PNV se opone frontalmente a que la "tentación recentralizadora" afecte a Euskadi y considera imprescindible la participación directa de las comunidades en las decisiones europeas.

El PNV aboga por avanzar en el autogobierno y lograr un nuevo estatus político de relación con el Estado y por el reconocimiento político y jurídico de la nación vasca en un Estado de estructura plurinacional, con presencia clara en Europa y en el mundo. CiU propone que el Estado reconozca la realidad nacional de Cataluña y su definición como nación en el nuevo Estatuto.

Así, pide que se aumente el marco competencial, el derecho de Cataluña a decidir sobre sus infraestructuras y una nueva concepción de las competencias exclusivas para que lo sean de manera efectiva "únicamente por la Generalitat". También apuesta por la transferencia a las comunidades de la administración periférica y que, por ley, el Estado delegue en Cataluña la potestad de reordenación de las diputaciones.

El BNG considera que una racionalización administrativa permitiría una reducción del gasto y por ello propone, en concreto, suprimir las diputaciones en beneficio de los concejos y eliminar la Administración periférica. CC-NC-PNC concurre con un programa en el que se reclama una nueva definición del ámbito territorial de la comunidad, mayor relevancia para los cabildos como órganos de Gobierno, competencias propias para cabildos insulares y ayuntamientos y participación directa de Canarias ante la UE.