La Unión Europea se enfrenta a una nueva encrucijada política por el rechazo de una región de Bélgica al acuerdo de libre comercio negociado con Canadá (CETA), que hace tambalear el planteamiento de una política comercial conjunta frente a las ambiciones nacionales y la desconfianza de los ciudadanos.

"Los problemas que quedan están en el interior de la UE", consideró ayer el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, tras reunirse de urgencia con el socialista Paul Magnette, ministro-presidente de la región en cuestión, Valonia, y con la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland.

Schulz confió en que no habrá "ningún problema que no podamos resolver" para lograr la firma del acuerdo, a la que actualmente sólo se opone Valonia, el próximo jueves en una cumbre UE-Canadá.

Pero la sucesión de reuniones de último minuto a fin de convencer a una región de poco más de 3,5 millones de habitantes para que respalde un acuerdo que se lleva preparando desde hace siete años, unida a la "decepción" el viernes de Freeland al considerar que las conversaciones habían "fracasado", ponen en cuestión la capacidad de la UE para sacar adelante este tipo de pactos.

"El CETA podría ser nuestro último acuerdo de libre comercio" si "no podemos convencer a la gente de que los acuerdos de libre comercio van en su interés", avisó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al inicio de una cumbre de líderes que se mostró incapaz el jueves de desbloquear el impasse.

La oposición ciudadana a los tratados de libre comercio ha ido creciendo en los últimos meses, hasta el punto de movilizar a miles de personas en diferentes ciudades europeas para manifestar su preocupación por que se concedan demasiado poder a multinacionales y se rebajen los estándares de protección comunitarios.

"Aprobar el CETA sería como comprar una casa que se inclina peligrosamente. Llena de grietas, una capa de pintura no arreglará los cimientos", criticó en un comunicado Greenpeace, que pidió rechazar el pacto e impulsar "una política comercial más justa" frente a "la avaricia corporativa".

Actualmente es la Comisión Europea la institución que según el Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009, tiene la potestad de negociar en nombre de los Estados miembros los acuerdos comerciales y de inversiones con países terceros.

Durante ese proceso la CE está obligada a informar periódicamente a los países y al Parlamento Europeo, aunque éste no puede participar en la negociación ni adoptar enmiendas a su término, sino sólo aceptar o rechazar en bloque un acuerdo ya cerrado para su definitiva entrada en vigor, un proceso que algunos grupos políticos y organizaciones civiles critican.