EN teoría, la existencia de un Gobierno en funciones no debería afectar a los movimientos estratégicos en la banca, aunque cuando se trata de este sector todas las suspicacias salen a flote. Uno de los principales problemas para la banca española es el impacto sobre la rentabilidad de los reducidos tipos de interés en Europa. Había quien esperaba que la revisión de la metodología para el cálculo del Euríbor, el índice de referencia para préstamos e hipotecas, mejorase la situación. Básicamente consiste en sustituir el actual procedimiento de estimación a partir de una muestra reducida de operaciones de préstamo entre bancos, por otro basado en la información completa suministrada por un amplio número de entidades, pero los resultados provisionales no son muy favorables. De hecho indican que el índice actual está ligeramente sobrevalorado con respecto a las operaciones reales y puesto que los trabajos se desarrollan en el European Money Markets Institute, no cabe pensar en que un gobierno formalmente constituido pudiera condicionar el resultado.

Diferente sería el caso de la fusión entre entidades, cuyo interés ha permanecido aparcado durante un tiempo, pero que ha vuelto a activarse tras la opinión del Banco Central Europeo sobre el excesivo número de bancos en Europa. En el caso de España hay que añadir el estrés al que están sometidas algunas entidades, como el Popular, tras los rumores de fusión con el Sabadell y la presión especulativa que ha provocado una pérdida de capitalización de aproximadamente el 50% en lo que va de año y en plena ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al margen de Bankia-BMN, ambos nacionalizados, los principales candidatos a fusión son lógicamente los más pequeños, que también son los que, en ausencia de directrices políticas, ponen mayores obstáculos a este tipo de operaciones debido a su reducida valoración actual.

Mucho más cercana se siente la influencia del Gobierno en la culminación del proceso de reestructuración bancaria y, más concretamente, en la dirección del FROB. Decisiones como las de asumir (por parte de BFA, la matriz de Bankia inundada de activos tóxicos y actualmente en manos del FROB) parte del coste de los pleitos civiles en el caso de la salida a bolsa de Bankia, afectan directamente al contribuyente, así como la sorprendente impunidad con que se resolvió el caso de la CAM o el de Novagalicia Banco. En total más de 60.000 millones de euros invertidos en una gestión tan sospechosamente sectaria, que lleva a cuestionar su papel como acusación particular en el caso Bankia.

Como cabía esperar, las noticias desde el exterior son contradictorias. Por un lado, permanece la incertidumbre sobre el Brexit y sobre lo que cabe esperar de un gobierno en funciones al respecto. Por otro, la decisión del Banco de Japón de acabar con el perfil plano de la curva de intereses y forzar el aumento de los tipos en las operaciones a largo plazo. Para los bancos es una buena noticia porque se espera que se mantenga reducido el tipo a corto, al que se financian los bancos, pero permitirá elevar el tipo que cobran a sus clientes por hipotecas y préstamos a largo plazo.