La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 establecía una moratoria de 20 años para la extinción y subrogación de los arrendamientos de locales en los que se desarrollaran actividades comerciales. El objeto de la misma fue el de la protección de los comercios ubicados, sobre todo, en los cascos antiguos de las ciudades, teniendo en cuenta la situación económica que el país sufría en el año 1994. Con fecha de 31 de diciembre de 2014 se han extinguido los Contratos de Arrendamiento de Renta Antigua, que están afectando a todos aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales firmados con anterioridad a mayo de 1985. La situación económica actual no es mejor que la de la fecha de aprobación de la ley, por lo que el fin de la moratoria supondrá un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo.

Por este motivo, la Consejería de Turismo y Comercio -gestionada por Izquierda Unida (IU)- ofrece información y asesoramiento a las personas comerciantes afectadas por el fin de la moratoria de la renta antigua.

"La aplicación de la normativa estatal va en contra de un modelo de comercio de proximidad y de cercanía y de todos aquellos comercios que son la seña de identidad de los cascos históricos y los centros urbanos de las ciudades y municipios de Andalucía", explica Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio.

Compromiso

Las lucha reivindicativa de la Consejería en este asunto comienza desde principios del 2014. Ejemplo de ello sería el encuentro del pasado 9 de octubre, en Granada, con representantes de una plataforma de afectados por la renta antigua. El 22 de octubre también se firmó, en la capital granadina, una declaración contra el fin de la moratoria. Con posterioridad, el 19 de diciembre, tuvo lugar una reunión entre la Administración y los agentes sociales, en la cual y por consenso, se derivó la creación de una oficina específica para intermediar, informar y asesorar a los comerciantes afectados por estos alquileres sobre la situación actual generada por la aplicación del fin de la moratoria de la LAU y sobre las herramientas que tienen a su disposición para defender sus derechos.

En dichas oficinas, el personal técnico podrá examinar los contratos de arrendamiento y analizar sus cláusulas, a fin de que las personas inquilinas tengan una mejor posición y garantía respecto de las propietarias de los locales comerciales. Asimismo, la Consejería ha enviado dos cartas al Ministerio de Fomento sin respuesta, habiendo solicitado igualmente una reunión urgente con Economía y Fomento para modificar la actual ley y establecer una moratoria adicional de otros diez años que evite el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo del sector. La última reunión para tratar sobre el tema con Consumo tuvo lugar el pasado 8 de enero.

Además, desde la Dirección de Comercio, se van a recabar todas las ordenanzas que actualmente se están admitiendo en algunos consistorios españoles con el fin de proteger a los comercios y evitar, en la medida de lo posible, concluye el consejero, "un golpe en la misma línea de flotación del comercio tradicional andaluz".

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