El Pleno municipal aprobó ayer con los votos de IU y PSOE el plan especial que permitirá construir la Torre de Poniente, el nuevo edificio administrativo de la Junta que consta de 16 plantas, con una sorprendente diligencia de la Secretaría General -realizada motu propio- en la que, fundamentalmente, se dice que el planeamiento no debería haber pasado el trámite plenario por no ajustarse a determinadas cuestiones legales. El equipo de gobierno se encontró con el regalito durante la tarde previa a la reunión plenaria y decidió seguir adelante con la tramitación, frente a la tesis del PP, que pedía que se paralizara el asunto hasta que se aclararan determinados aspectos.

Dice la diligencia, que no informe, que no queda claro que los espacios verdes previstos en el solar de Noreña no se eliminen sino que se reordenen, como afirma Urbanismo. La diferencia es que, en caso de desaparecer, obligaría a que el asunto pasase por el Consejo Consultivo de Andalucía. El segundo aspecto, que la Junta reclamó en un informe preceptivo pero no vinculante la redacción de un plan de movilidad específico para el edificio que no se ha hecho. Y, además, que el Consistorio tendría que cambiar el PGOU para autorizar un edificio de estas características, muy por encima de la altura normal. Un cuarto aspecto: que no se acredita que no existan afecciones aéreas.

El breve documento de Secretaría encierra algunos de los grandes debates que se tienen sobre construir en altura. En particular, si hay que cambiar el planeamiento de la ciudad. Urbanismo dice que no y apela a sentencias al respecto, como la reciente sobre el hospital San Juan de Dios. Entiende la Secretaría General que para autorizar el edificio sería necesario modificar, al menos, la ordenanza de equipamientos, lo que conlleva una lenta reforma del PGOU. La Junta mantuvo una posición muy similar sobre esta cuestión hasta que se embarcó en el proyecto de la torre.

Sobre la movilidad, se produce un elemento contradictorio. El informe se reclamó en un informe de la Delegación de Obras Públicas sobre un edificio que promueve la Consejería de Hacienda. El argumento sustancial es que un edificio donde van a trabajar de forma continuada 1.200 personas tendría que solventar los accesos. La Junta decidió hace meses que no podía cumplir el estándar habitual de aparcamientos si no quería que el presupuesto se disparase (pasando de las seis plantas iniciales a las tres que aparecen en el proyecto final). Alegaba que muchos funcionarios irían caminando o en bicicleta a su puesto de trabajo. El edil Luis Martín, del PP, reclamó que por "garantías jurídicas" se tendría que aportar dicha documentación. El informe respuesta de Urbanismo asegura que el documento de Obras Públicas es preceptivo y no vinculante -aunque se trata de un edificio de la propia Junta-. El teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada, acusó al PP de querer bloquear una futura licitación del proyecto de la Junta.

Sobre las afecciones aéreas, Secretaría advierte que no se ha certificado que no haya problemas. El contrainforme de Urbanismo, escrito por un alto directivo de la casa, recurre al humor y dice que tampoco se certifica que se incumpla la ley de costas.