El 99% de los funcionarios de la Administración de Justicia de Córdoba ha prestado su firma para exigir a la Junta de Andalucía que los jueces y los fiscales no tengan privilegios a la hora de utilizar las plazas de parking de la plaza de la Constitución. Esta reclamación liderada por el sindicato SPJ-USO llega precedida por sendas polémicas en Córdoba y Málaga después de que el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, anunciara que los altos estamentos de la Justicia contarían con aparcamientos "reservados" en la nueva Ciudad de la Justicia de Málaga. En Córdoba, los jueces y los fiscales ya cuentan con este "privilegio", criticó el sindicato SPJ-USO, que consideró que esta consideración sólo persigue "elevar su nivel de privilegios".

El portavoz de SPJ-USO, Domingo Castillo, mostró su oposición a que la Junta dé un trato de favor a "determinados colectivos" que "ni siquiera tienen que fichar su entrada al trabajo". Esto tiene como consecuencia que los funcionarios "tengan que buscar aparcamientos de pago" pese a que llegan antes a la Audiencia que los miembros de la carrera judicial y que el Ministerio Público. El apoyo a la campaña de SPJ-USO "ha sido unánime" por parte de los funcionarios de Córdoba, dijo Castillo.

El sindicato ha llevado a cabo en la última semana una campaña en todas las provincias andaluzas para evitar que los planes del consejero Pizarro se materialicen. En Granada y Sevilla, decenas de trabajadores se sumaron a las concentraciones convocadas, mientras que en Huelva, Cádiz y Almería las respectivas juntas de personal han emitido comunicados para quejarse de la situación. Castillo insistió en que el hecho de que los jueces y los fiscales cuenten con plazas reservadas de aparcamiento supone "una injusticia y un atropello".

En Córdoba, la situación se complicó el 17 de febrero, cuando un fiscal que no podía aparcar su vehículo en el lugar que supuestamente tenía destinado amenazó con recurrir a la grúa para que despejara la zona. Esto provocó el desalojo voluntario de una docena de coches que aparcan en el vial que conecta el juzgado de guardia (plaza de la Constitución) con la calle Tomás de Aquino.

El fiscal recordó en aquella ocasión que un acuerdo de la Audiencia otorga un espacio determinado a cinco fiscales y cuatro jueces en ese lugar, lo mismo que hay tres plazas reservadas para magistrados de la Audiencia en el aparcamiento cubierto de la Subdelegación del Gobierno. También argumentó que varios coches han resultado rayados por roces provocados por la cercanía entre vehículos -dado que se forman tres filas en una calle- y que por razones de seguridad esa zona debería estar siempre despejada.

La actitud del integrante del Ministerio Público suscitó numerosas críticas por parte de los funcionarios e incluso de algunos secretarios judiciales. El presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, recibió incluso escritos de queja, que finalmente archivó.