El gobierno municipal se enfrenta a un cambio en uno de los lugares clave de la estructura municipal en unos tiempos verdaderamente complejos para andar de mudanzas. El cierre de la vía penal del caso Torreblanca en lo que respecta a los mandos policiales generará un pequeño terremoto en el cuerpo municipal, abocado a cambiar de responsable. El ex jefe de la Policía Local cuando sucedieron los hechos, Antonio Serrano, pidió hace varias semanas su reingreso en el cuerpo. Lo hará con sus galones de intendente mayor, que es la graduación jerárquica más alta que existe en estos momentos en la plantilla.

Fuentes sindicales explicaron que, en el momento en que Antonio Serrano se vuelva a vestir de uniforme lo tendrá que hacer automáticamente como jefe de la Policía Local en detrimento del actual responsable técnico del cuerpo, Rafael Foche, dado que el funcionamiento de la estructura ha de ser jerárquico. El gobierno municipal conoce desde hace semanas la solicitud de Serrano de volver a su puesto de trabajo. Fuentes de SiplB, el sindicato mayoritario, dijeron que se recibe al ex jefe de la Policía Local "con los brazos abiertos" después de sucesivos encontronazos con el actual jefe de la Policía Local.

El 14 de abril de 2008, Antonio Serrano le presentó a la entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, un escrito de renuncia provisional mientras la Fiscalía investigaba el llamado caso Torreblanca, la supuesta modificación de archivos de la Policía Local para encubrir que unos agentes de la Línea Verde se habían construido una parcela sin licencia. Para Aguilar, la marcha de Serrano fue una válvula de escape que le permitió eludir otras responsabilidades políticas en su gobierno. El caso en los tribunales ha afectado finalmente sólo a los agentes que supuestamente alteraron los datos sin que existan responsabilidades ni en el cuerpo político ni en los mandos. Serrano fue destinado mientras se investigaba el asunto, pendiente aún de juicio, al departamento de selección de personal del Consistorio.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local decidió ayer sancionar como falta leve, con un castigo de cuatro días sin empleo y sueldo, al intendente de la Línea Verde que era el responsable de este departamento cuando acontecieron los hechos del caso Torreblanca. La investigación llevada a cabo por la secretaria general consideró en su momento que este policía podría haber cometido un presunto delito y decidió remitir su caso al fiscal junto a los agentes que, supuestamente, adulteraron los datos. Hace unas semanas, el juzgado comunicó al Consistorio que, al no considerar su participación como delito, siguiera adelante con la instrucción del expediente disciplinario.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer un informe jurídico -del cual no se informó en la rueda de prensa posterior- en el que considera que, si bien los hechos tenían la consideración de graves con la normativa en vigor en 2007 (fecha de los hechos), la norma en vigor es más favorable para este agente puesto que ahora tendría la consideración de leve. Es aplicable a este caso el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

El intendente decidió encomendar la investigación sobre la parcela, a la luz de una advertencia remitida por la Guardia Civil, a los agentes propietarios de la misma. Entiende el informe jurídico que no ha quedado acreditado que existiese una intencionalidad en los hechos, elemento clave -dice el documento- para su tipificación como grave.

"No ha quedado demostrado en la instrucción que no interviniese ningún tipo de engaño por parte de otros agentes de la Policía Local, como afirma en su descargo" el intendente sancionado. Y se realiza una reflexión: dado que el juzgado no ha entendido que existiese reproche penal de los hechos, no parece lógico endosarle una falta grave. Por lo que se le sanciona es por no haberse andado con mayores cautelas en el desempeño de sus funciones. El mando reclamaba su absolución.