Más de 4.000 personas, según la Policía Local, participaron ayer en la manifestación convocada por los funcionarios en protesta por el ya conocido decreto ley de ordenación del sector público. Con gran puntualidad, la protesta comenzó en la Subdelegación del Gobierno y concluyó en la Plaza de San Felipe, a los pies de la Delegación del Gobierno, donde se leyó un comunicado en el que los funcionarios exigieron a la Junta la retirada de esta ley y denunciaron la "privatización de la función pública a través de empresas privadas".

Vestidos con camisetas naranjas y portando cientos y cientos de pancartas, los funcionarios no cejan en su empeño de que la Administración dé marcha atrás con una norma por la que se sienten perjudicados. Los empleados públicos llevan varias semanas concentrándose de manera "espontánea" a la hora del desayuno en las sedes de las delegaciones provinciales de la Junta y acuden a cada acto en el que el protagonista sea algún consejero de la Junta para protestar, como ya ha ocurrido con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el más reciente, el pasado lunes en la Diputación, ante la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. La manifestación de ayer pone el punto y seguido a todas estas protestas, ya que los funcionarios aseguran que continuarán con ellas hasta "donde haga falta".

A Matilde Calderón, funcionaria de carrera, le costó "mucho trabajo entrar" en la Administración, según explicó durante la protesta. "No me lo regalaron", incidió antes de que empezara la manifestación. Para esta empleada pública, la norma de la Junta "es una fórmula del PSOE para blindarse en la Administración pública".

Rafael Delgado no ha faltado a ninguna de las citas convocadas por sus compañeros y volvió a incidir en lo "injusto" del decreto. "La Administración pública ya estaba podrida por los políticos y ahora está herida de muerte", consideró.

Con tapones en los oídos -una medida que adoptaron muchos de los manifestantes para intentar paliar el ruido de la intensa pitada que se escuchó durante toda la manifestación-, Pablo Fuentes compartió el argumento de Delgado. "Esto es la muerte de la función pública y del acceso libre a un puesto de trabajo", aseguró. Ante la actitud que mantiene la Junta -tras las protestas ha decidido tramitar la modificación como proyecto de ley en el Parlamento, lo que garantiza el debate político y la audiencia a los agentes sociales-, Delgado manifestó que "tiene más miedo de lo que aparenta". A su juicio, la Administración autonómica "no se esperaba esta reacción porque éramos una clase dormida y no protestamos por la bajada de los sueldos". "Somos independientes y los que lleguen ahora trabajarán para los políticos y no para el ciudadano como hacemos nosotros; se va a perder la imparcialidad", argumentó.

Según ya explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, la reordenación supondrá la eliminación neta de 111 entes del conjunto del sector público de la Junta a través de distintos mecanismos jurídicos, y que antes del 31 de diciembre deben aprobarse los estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras orgánicas de las consejerías.

Sin embargo, para los funcionarios lo único que acarreará el proyecto será la llegada de "enchufados del PSOE" a la Administración. Después de cinco años de estudio y presentarse a tres oposiciones, Francisco Toscano se hizo con una plaza en la Agencia Andaluza del Agua. "El problema principal es que la Junta creó unos entes instrumentales para la gente afín al PSOE y los puestos de trabajo han ido aumentado de forma alarmante", detalló.

Los funcionarios continuarán con sus protestas el tiempo que sea necesario para que la Junta dé marcha atrás y no descartan una huelga en bloque. La próxima cita: el sábado en Sevilla.