El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha remitido al Ayuntamiento un escrito en el que formalmente le exige la aprobación de un plan integral que englobe las barriadas de Las Palmeras y Las Moreras. Esta petición del Defensor se debe a la queja remitida por los vecinos de dichos barrios ante la situación de dejadez y de problemática social que padecen.

Chamizo en su escrito se muestra contundente e incide en la puesta en marcha de diversas actuaciones en estos puntos de la ciudad, pero "de una forma conjunta y promovida desde las distintas administraciones públicas". Asimismo, apunta que en todo momento el plan integral debe regirse por los principios de autonomía; cooperación; responsabilidad; coordinación; suficiencia financiera; y lealtad institucional. En esta misma línea, Chamizo, apuesta por la máxima participación de todos los sectores y agentes sociales de estas zonas para la redacción del plan integral. Según el coordinador de la Federación Haz Tu Futuro, Manuel Ortega, con la implicación de la totalidad del tejido asociativo se consigue una amplitud de objetivos, y "las actuaciones no solo se basarían en la opinión de los consejos de distrito que en ocasiones devienen en coartadas para determinar diversas actuaciones municipales".

Dicho documento además, según insiste Chamizo, debe incluir una memoria económica, así como unas previsiones de actuación "que tomen como marco normativo lo establecido para zonas con necesidades de transformación social por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social para hacer frente a la exclusión social o inserción laboral". Chamizo recomienda que en todo momento quede reflejada la dotación presupuestaria y financiación con la que se dotará cada actuación, así como la planificación temporal para el cumplimiento y ejecución. En cuanto a cuestiones de seguridad ciudadana, se apuesta por la coordinación con la Subdelegación del Gobierno.

Los vecinos de las barriadas de Las Moreras y Las Palmeras han reiterado en numerosas ocasiones las graves carencias con las que cuentan en materia de luminaria, falta de labores de limpieza o de cuidado de parques y jardines. A todo esto se une la fuerte problemática social de estas zonas que los ubica en barrio con un fuerte porcentaje de exclusión social. A lo largo de esta semana, representantes de los colectivos vecinales se reunirán con las administraciones públicas competentes para definir una línea de actuación.

En el plazo máximo de un mes el Consistorio debe de responder al escrito del Defensor del Pueblo e informarle de si acepta las recomendaciones formuladas o las razones para argumentar su rechazo.