Si la crisis económica está poniendo a prueba los bolsillos de muchos cordobeses, más duros aún son los efectos en aquellas personas que a estas consecuencias tienen que sumar el compromiso del pago de una pensión, alimenticia o compensatoria, como consecuencia de un divorcio. Los juzgados están notando esta circunstancia, ya que desde que la situación económica comenzó a empeorar empezó a su vez a crecer el número de personas que acuden al juez para solicitar una rebaja de la cantidad que deben pasar a su ex cónyuge. Así lo han reconocido a este periódico dos letradas, Pilar González y María Dolores Azaústre, especialistas en esta materia, que son testigos directos de este problema.

González señaló que esta situación se conoce técnicamente como "petición de modificación de medidas" y que el incremento de las mismas en los últimos años se palpa en el número de peticiones que llegan al turno de oficio del Colegio de Abogados tanto por la pérdida del empleo como por la reducción de los ingresos. Esta abogada reconoció que los cambios en las medidas no están justificados solamente en un cambio en la situación económica, sino que muchos padres las reclaman para solicitar la custodio compartida, respaldada por las nuevas normas y los cambios jurisprudenciales, así como para extinguir el uso compartido de la vivienda.

En definitiva, lo que se palpa es "una predisposición a ser más cicatero", explicó González, ya que, por ejemplo, llegan a cuestionar "si ellos tienen que pagar cuando el hijo está con ellos".

María Dolores Azaústre explicó que para solicitar una reducción en la pensión "hay que demostrar una modificación sustancial de circunstancia", algo que no es nada fácil. Por una parte hay que demostrar los ingresos cuando se fijaron las medidas y en el momento actual, lo que también da lugar a la picaresca. "Los autónomos, cuando acuden al Juzgado, dicen que sus ingresos son bajos y las declaraciones de la renta no coinciden con lo que ganan en realidad y ahora resulta que ingresan lo mismo que declaraban antes y son víctimas de su propia trampa", afirmó esta abogada.

Cuando se solicita una reducción de pensión no basta con la documentación aportada. Hay veces en que es necesario investigar el nivel de vida del cónyuge y "se descubre que tiene una imposición a plazo fijo, que acaba de comprar un coche o que ha hecho un viaje al extranjero con su nueva esposa". En cambio, si se comprueba que por la pérdida o disminución de ingresos se ha dejado de pagar un alquiler o una hipoteca ya sí se considera que la situación es real.

No todas las solicitudes que se presentan en el juzgado acaban prosperando. En el caso de las pensiones alimenticias, éstas suelen ser bajas y los jueces mantienen el criterio de respetar el denominado mínimo vital, que en Córdoba se suele fijar para un desempleado en alrededor de 150 euros.