La Junta de Gobierno Local aprobará -muy probablemente en el día de hoy- una moción política, una declaración de intenciones sin consecuencias administrativas, con el contenido del plan inversor del Palacio del Sur. El orden del día de la reunión conocido ayer no recoge este punto aunque los servicios municipales tienen prácticamente armado un texto que no vincula nada más que la imagen pública del gobierno municipal frente a las tesis iniciales, que aseguraban que el cronograma de financiación supondría garantizar las aportaciones plurianuales al proyecto.

Un brindis al sol, afirman los más críticos con la trayectoria de este proceso. La posibilidad, cierta, de que los servicios de fiscalización municipal acaben tumbando la propuesta por falta de recursos han llevado al equipo de gobierno a buscarse un plan B. Se aprobará un documento que no vincula a la totalidad de la corporación porque no se vota en el Pleno y que no tiene más efectos que generar la orientación de hacia dónde deben ir las cosas. Ese documento debe servir como apoyo para la solicitud expresa de fondos de la Junta de Andalucía -el Ministerio de Industria ya estableció su aportación por decreto-, que reclama un papel del Consistorio donde se establezca claramente cuál es el esfuerzo financiero municipal como condición previa a la liberación de los 18 millones prometidos. Una de las indicaciones de que el texto sea una mera declaración política es que los informes preceptivos de Intervención y Secretaría General ya no son necesarios puesto que, en puridad, no se trata de expedientes administrativos. El PP ha reclamado que el cronograma de inversiones pase por el Pleno y que se someta a la fiscalización de los técnicos al ser una inversión plurianual.

El contenido del plan financiero del Palacio del Sur es suficientemente conocido. Obliga al Consistorio a movilizar 42,5 millones de euros en cuatro anualidades, parte de los cuales serían devueltos en el caso concreto de que se opte por la gestión directa del edificio, una vez construida, desde los servicios municipales. Originalmente, las aportaciones llegaban hasta 2013 aunque "razones técnicas" han obligado a contar con un ejercicio más, el de 2014, en el reparto de las aportaciones. El Consistorio ya maneja informes legales que aseguran que la elección de la gestión no tendrá que estar justificada solamente en una decisión política o en la necesidad de solicitar la devolución del IVA.

El gobierno municipal tiene que justificar que el organismo sobre el que finalmente recaiga la dirección del proyecto tiene la suficiencia financiera como para aguantar un trabajo de estas características. Además, debe incluir un cuadro comparativo que establezca las diferencias entre gestión concertada y pública, de forma que no se elija la opción más cara y suponga gravar las arcas municipales. Para que el Ayuntamiento tenga derecho a la devolución de los 11 millones de euros del IVA, debe mantener bajo dirección pública el centro de congresos, al menos, durante cinco años.