Los dos empresarios cordobeses detenidos en la operación Malaya se sentarán en el banquillo de los acusados con sendas acusaciones, por parte del fiscal, de cohecho en el caso de Rafael Gómez Sánchez y de cohecho y blanqueo de capitales, en el caso de José María Enríquez, propietario de la inmobiliaria Los Jardines. El propietario de Arenal 2000 se enfrenta a una petición de pena de 18 meses de prisión por un presunto delito de cohecho activo más una multa de 1,2 millones. En el peor de los casos para sus intereses, no cumpliría la pena en prisión al no llegar al mínimo de 24 meses. El dueño de Los Jardines se enfrenta a una pena de tres años por un presunto cohecho activo más una multa de 560.000 euros así como cinco años por blanqueo de capitales con una sanción de 28 millones.

Entiende el fiscal que Gómez abonó al ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca la suma de 600.500 euros por medio de su sociedad Maras Asesores. El primer pago se abonó en julio de 2005 y, según la fiscalía, se contabilizó mediante la leyenda Aportación S.K.M. en la que el Ministerio Público ve el apodo del empresario, Sandokán. Ese dinero se remitió a una cuenta "para su reparto". Maras Asesores era la vía con la que se pagaban cantidades millonarias a concejales del Ayuntamiento de Marbella. Posteriormente, dice el fiscal, Gómez habría pagado otros 300.000 euros a la caja de Roca. Se consignaron en la contabilidad con la clave R. Gmz.

Entiende el fiscal que, con ese dinero, "se aseguraba la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento de Marbella" para con las obras de una sede de Arenal 2000 en el edificio Mare Nostrum de la ciudad malagueña. Dichas actuaciones se desarrollaron sin licencia en regla ante los informe negativos de los servicios municipales. La obra contenían el acceso directo de las oficinas de Arenal 2000 desde el paseo marítimo de Marbella, lo que revalorizaba la propiedad, y pese a que estaba prohibido. La empresa y el Ayuntamiento realizaron un acuerdo para darle cobertura a la construcción a cambio de 601.012 euros. Ese acuerdo permitía derribar el muro dejando expedito el acceso a la propiedad de la promotora y creando una fachada acristalada. El fiscal significa que el día en que se derribó dicho cerramiento tuvo lugar el segundo ingreso de 300.000 euros en la caja B de Roca. La Junta instó al Ayuntamiento marbellí para que restaurase la legalidad "sin que se adoptaran medidas ante el cúmulo de irregularidades y omisiones que sólo se pueden explicar con los pagos del procesado".

El caso de José María Enríquez es bastante más complejo por cuanto implica una operación urbanística a varias bandas en la que se produjo lucro para el empresario y, también, para Juan Antonio Roca. Según el fiscal, el promotor abonó a Roca 285.500 euros en sendos pagos de 235.000 y 53.000 euros entre diciembre de 2005 y enero de 2006, según las anotaciones contables de la caja del ex gerente de Urbanismo de Marbella.

Dichas cantidades están relacionadas, dice el fiscal, con la entidad mercantil Promociones Jardines de la Costa SL, de la que Enríquez era administrador único en el momento de los hechos, y que estaba desarrollando una promoción de 42 viviendas (posteriormente ampliada a 61 mediante un reformado, sin contar con respaldo en el PGOU de Marbella aprobado en 1986.

Las obras se iniciaron sin contar con licencia válida e, incluso, se abrió un expediente de paralización de obras en 2003. Pese a ello, "los técnicos municipales constataron en visita de 1 de marzo de 2006 que se seguía trabajando y que las obras estaban prácticamente terminadas". Pese a todas esas vicisitudes, el Ayuntamiento marbellí dio licencia de primera ocupación para las viviendas de la promoción que tenía el nombre comercial de Casablanca Beach y estaban ubicadas en San Pedro de Alcántara. El suelo estaba destinado a equipamientos públicos.

El segundo motivo por el que el fiscal pide cárcel para Enríquez es el blanqueo de capitales, según afirma, porque en la promoción Casablanca Beach se realizaron negocios directos con Roca. Según el relato de hechos del Ministerio Público, la parcela fue adquirida por la entidad Promociones Jardines de la Costa SL a una sociedad de Roca, de nombre FNG Inversiones SL. Esos terrenos, a su vez, eran originalmente propiedad del Ayuntamiento de Marbella, quien los entregó en dación en pago a otro acusado, Tomás Olivo, por medio de la sociedad General de Galerías Comerciales, en 1995 para liquidar una deuda de 11,9 millones de euros. La transacción entre el municipio y Olivo se efectuó valorando la parcela, de 9.815 metros cuadrados, en 1,2 millones de euros. El mismo día de la firma del acuerdo, Olivo se la vendió a Roca por el mismo precio.

Según la Fiscalía, la sociedad de Enríquez adquirió la parcela por 1,5 millones de euros que se abonaron mediante dos entregas de dinero de 601.012 euros (que se ingresaron en distintas sociedades que se encuentran en el entramado de Roca) y 937.578 euros con un pagaré. El Ministerio Público afirma que Roca y Enríquez pactaron repartirse los beneficios de la promoción, cifrados en un 30% de la edificabilidad. Según el informe del fiscal, existe un informe de valoración en el que sólo las plusvalías de Roca serían de 12,8 millones de euros. Además, el documento afirma que el coste de compra del solar era de 2.400 millones de pesetas (cuando el precio declarado fue de 250 millones de pesetas).

Roca tenía una opción de compra sobre los suelos valorada en 7,2 millones de euros, el 468% de su valor original. Dicha opción nunca llegó a ejecutarse y el final del plazo coincide con la decisión municipal de permitir 20 viviendas más de las autorizadas en la licencia irregularmente concedida.