Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se unieron ayer para presentar la huelga que se celebrará el martes 8 de junio en el sector público por el recorte del 5% en el salario de los funcionarios. Los representantes de los trabajadores pidieron que los compañeros "apoyen el paro" ante lo que consideran un "ataque frontal" del Gobierno, según apuntó el secretario general de UGT-Córdoba, Antonio Fernández. El responsable de este sindicato lamentó que las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el déficit público se hayan dirigido "hacia los colectivos que son más fáciles quitarles el sueldo". En su opinión, esta medida es "injusta" y no va a dar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. En esta idea coincidieron los representantes del resto de sindicatos. Así, el secretario general de CCOO, Rafael Rodríguez, aseguró que recortando los salarios se va a reducir la capacidad de compra "y el deterioro de los servicios públicos", por lo que se hace un "flaco favor" a la economía y a la ciudadanía.

El sector del funcionariado, según recogen los sindicatos, tienen los ánimos por los suelos con el anuncio de esta reducción. Más que por el recorte del 5% porque "ya nos hemos sometido a más ajustes" desde que comenzó la crisis, según explicó el responsable de CSIF, Jesús López. De hecho, los empleados públicos han perdido un 10% de poder adquisitivo desde el año 2004, según UGT. Los sindicatos recordaron que ya en septiembre de 2009 se acordó una subida salarial sólo del 0,3% y renunciaron a las retribuciones, lo que ya supone un ajuste en sus nóminas que "no son muy altas" porque "el 80% ronda los 1.000 euros mensuales", apuntó López.

El decreto aprobado por el Gobierno, además, viene a romper con todo lo pactado en el último trimestre del año pasado, lo que "siente un grave precedente", según dijo el líder de CCOO. Y es que "si el propio Gobierno rompe con el diálogo social, cualquier empresario puede hacerlo", explicó Rodríguez, quien puso de ejemplo el sector de la madera donde la patronal se niega a aplicar el convenio firmado, una situación que lleva ya cerca de un año sin poder resolverse para los trabajadores.

Esta actitud puede tener una continuación en el caso de la reforma laboral ya que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó esta semana que la reforma se firmaría el 16 de junio, hubiera o no acuerdo entre patronal y sindicatos. En caso de que estas previsiones se cumplan, los líderes de UGT y CCOO anunciaron que "haríamos una huelga general" que es "la mejor herramienta que tenemos para defender los intereses de los trabajadores".

La primera cita, sin embargo, será el próximo martes cuando los empleados públicos tienen previsto hacer un paro y concentrarse a las 12:30 en la puerta de la Subdelegación del Gobierno donde se leerá un manifiesto. Los sindicatos pidieron disculpas por las molestias que se pueden ocasionar a los ciudadanos esa jornada y aseguraron que todavía se están negociando los servicios mínimos que habrá disponibles. El temor de los empleados es que desde el ejecutivo central se "imponga" el personal mínimo, aunque los sindicatos estarán pendientes y "tendremos que tomar medidas" si finalmente consideran que son excesivos.

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