El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aprovechará la inyección de capital que tiene que realizar en Cajasur para tomar derechos políticos sobre la asamblea de la caja, el último reducto del poder del Cabildo Catedralicio y los impositores, el grupo interno clave que forzó la negativa a fusionarse con Unicaja. El Banco de España confirmó ayer que el fondo aprovechará el dinero que tiene que transferir a la entidad para hacerlo mediante la adquisición de una línea de cuotas participadas con derechos políticos, una figura absolutamente inédita que sólo tiene cabida en el FROB y que promoverá que el Estado será quien tome todas las decisiones estratégicas sobre la caja.

Una de las claves jurídicas de la intervención es que ha sido relevado el consejo de administración pero no la asamblea, que mantiene sus poderes y sus competencias intactas en aplicación del decreto que regula el FROB. El problema sustancial es que toda fusión, venta de activos o escisión de actividades tiene que contar con el voto positivo de la asamblea de Cajasur, incluso tras su intervención por el Banco de España. No tener todos los poderes en la mano implica que existe la posibilidad de que los grupos internos tradicionales de la entidad puedan poner trabas al plan de viabilidad que tienen que redactar los tres administradores elegidos para llevar la caja.

La solución vendrá de la mano de una emisión de cuotas particiadas con derechos políticos. En la legislación normal sobre cajas de ahorro, las cuotas dan derecho a participar en los beneficios pero no a decidir en la asamblea ni a estar en el consejo de administración. Se trata de una situación que modificará la nueva ley de cajas pactada entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy en la reunión de La Moncloa y que tendría que estar aprobadaen el mes de julio por el trámite de urgencia.

El Banco de España no sabe aún a cuánto ascenderá la emisión de cuotas participadas que se quedará en el FROB. Dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de dinero de Cajasur una vez que se analice cómo es de profundo el agujero patrimonial de la entidad. La primera inyección de dinero realizada por el Banco de España supera los 550 millones de euros solamente para recuperar unos niveles de solvencia mínimos que permitan desarrollar con normalidad la actividad bancaria.

Será la primera vez en muchos años que se produce una nacionalización coyuntural de una entidad financiera por motivos de crisis económica. Lo que no está nada claro es qué proceso debe seguirse en adelante puesto que el decreto del FROB es parco en palabras sobre la metodología a seguir en un asunto que no forma parte de los estatutos de ninguna entidad financiera. Dice la norma que el fondo contará con una representación en la asamblea similar al porcentaje de representación de sus cuotas participadas en el capital social de la entidad financiera a sanear. No dice si ello tiene que hacerse mediante la renovación extraordinaria de la asamblea, por ampliación del número de miembros o por la sustitución de los mismos.

Otra cuestión de interés es que el espíritu de la norma que concede a las cuotas participadas un cierto carácter de inversión a medio plazo. Las entidades emisoras, en este caso Cajasur, tendrán la obligación de recomprarle al FROB en un plazo de cinco años la cantidad transferida para echar una mano en el proceso crítico de la caja de ahorros. Si no pudiera, el fondo ingresaría esa cantidad de la enajenación de la caja intervenida, bien en bloque bien troceada tras la subasta que ha anunciado el Gobierno y que podría tener lugar en cuatro meses. Lo que no puede hacer el Banco de España es vender a terceros esas cuotas participadas por las limitaciones establecidas en la ley.