Punto y final a la investigación sobre los crímenes del franquismo. El juzgado de Instrucción número 7 ha decidido dar carpetazo a las diligencias abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre las desapariciones y los crímenes cometidos durante la dictadura en la provincia de Córdoba. En plena polémica sobre la legitimidad de Garzón para iniciar esta investigación -que en octubre de 2008 remitió a los tribunales provinciales-, el juzgado cordobés cierra la instrucción "por prescripción del delito".

El auto, muy breve, no hace referencia a polémica alguna y elude cualquier referencia al franquismo, la dictadura, las desapariciones forzosas o las fosas comunes. La juez, de manera somera, hace constar que trasladó a la Fiscalía el procedimiento para informar de qué procedía hacer. Y el Ministerio Público informó "en el sentido de que procedía declarar extinguida, por prescripción del delito, la responsabilidad criminal". La resolución indica que se trata de hechos desde los que han transcurrido "más de 70 años", por lo que "habrían quedado rebasados los máximos periodos de prescripción del delito presuntamente cometido". El auto recuerda que, según el Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años "en el caso de que estuvieran castigados con la pena más grave", como es el caso.

"En consecuencia, entendemos que ello implica la extinción de la responsabilidad penal derivada y la imposibilidad de continuar un procedimiento penal por esta causa", zanja la juez. Esto implica el "archivo definitivo" de las actuaciones.

En octubre de 2008, Baltasar Garzón cifró en 7.091 las personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Córdoba, lo que la convertía en la segunda provincia española con más personas en paradero desconocido en toda España por la contienda. Sólo Málaga, con 7.797 personas, se acercaba a las cifras de Córdoba. Garzón exponía estos datos en un auto judicial en el que se consideraba competente para investigar unos hechos que podrían revestir la calificación jurídica de "crimen contra la humanidad" y que, según explicó en los razonamientos jurídicos del documento, hasta ahora han permanecido impunes.

El juez, que ahora se encuentra imputado por prevaricación, se basó en la información aportada por numerosas asociaciones y particulares para hacer un listado de todos los casos de personas desaparecidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, como consecuencia "de la acción directa o indirecta del llamado alzamiento nacional que dio paso a la Guerra Civil y a la posguerra de los cuales aún no se sabe su paradero" porque fueron desaparecidos o bien porque, tras ser ejecutados, no se conoce dónde se hallan sus cuerpos.

"El sistema de desaparición forzosa fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha", argumentó el juez. El auto concretaba que esta acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas juntas militares en tiempos de guerra y por los gobiernos sucesivos, sin olvidar el papel de estructuras paramilitares como Falange. El documento, sin embargo, declaraba extinta por fallecimiento la responsabilidad de Franco y de otros 34 jefes militares.