La Junta de Andalucía no baraja la posibilidad de perdonar la deuda a los vecinos que tienen recibos impagados por el alquiler de las viviendas sociales del barrio del Guadalquivir, una deuda que en algunos casos llega a los 5.000 euros según confirmaron los propios afectados. La única solución pasa por llegar a un acuerdo con los afectados para que éstos abonen a plazos el dinero pendiente. Así de rotundo se mostró ayer el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Francisco García, al abordar las críticas que el Gobierno autonómico ha recibido en estos últimos días por obligar al abono de estas cantidades bajo amenaza del desahucio. Esta decisión, que ha generado un gran malestar entre los residentes de las manzanas 11 y 12, llevó ayer a una treintena de personas a concentrarse junto a sus inmuebles. Lo calificaron de "injusto" e incluso culparon a la Junta de haber llegado a esta situación.

García utilizó algunos ejemplos reales para explicar la forma de solucionar el problema. El responsable en materia de Vivienda señaló que hay una familia que firmó el contrato para el alquiler en 2008 y desde entonces no ha pagado ningún recibo. En este caso concreto, el delegado provincial planteó diez recibos de poco más de 30 euros cada uno para saldar la deuda. También aludió a las familias que tienen cifras pendientes de varios miles de euros. A este respecto, García manifestó que "habría que diferir el pago de otra manera para que en el plazo de dos o tres año se pongan al día".

"Estamos abiertos a negociar, pero no eximiremos el pago de lo que se debe", señaló el responsable de Junta en este ramo, quien matizó que la solución última sería comenzar el expediente de desahucio. Precisó, en cualquier caso, que confía en que los afectados lleguen a acuerdos con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para establecer la fórmula que se adapte a cada situación.

Para García, esta decisión "no persigue un objetivo de recaudación, sino que lo que pretendemos es recordarles a estos vecinos que tienen la obligación de pagar el alquiler de la vivienda". El delegado continuó en este sentido que "tienen que respetar a los que sí pagan los 30 euros de media que cuestan estos pisos", de los que dijo "que algunas veces son ellos los que denuncian que sus vecinos no están pagando, ya que se generan ciertos problemas en la convivencia".

En relación al acto de protesta, los propios vecinos reconocieron el "escaso éxito que ha tenido pese al importante número de familias que hay implicadas", como así lo expuso Marina Salamanqués, una de las coordinadoras de este movimiento vecinal.