El profesorado se echó ayer a la calle para hacer presente sus reivindicaciones a la Administración: la retirada de los reglamentos orgánicos de colegios e institutos y la necesidad de que se prorrogue el sistema de jubilaciones anticipadas e incentivadas de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Para ello, los sindicatos del sector educativo organizaron dos concentraciones.

La primera de ellas tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno. Convocada por las organizaciones sindicales CSIF, Comisiones Obreras, Ustea, ANPE y UGT, los profesores exigieron que el Gobierno continúe con el sistema de jubilación anticipada e incentivada que está en vigor desde 1990 y que concluye el próximo año. Se trata de una programa que permite la jubilación anticipada a la que se pueden acoger los profesores que cumplan los 60 años y que es incentivada con una gratificación económica para los profesores que tengan reconocidos al menos 28 años de servicio. En concreto, se consideran como cotizados los años que restan hasta la fecha en que el docente cumpliría los 65 años. En la mayoría de los casos los profesores se acogen a esta opción a partir de los 60 años, es decir, que ni siquiera esperan a cumplir los 65 a pesar de perder unos 450 euros netos de salario mensual, que pueden variar según la situación familiar.

"Es un derecho adquirido y no queremos perderlo; lo que se pretende es el bien social", apuntó el portavoz de ANPE, Miguel Tallón, quien recordó que todos los sindicatos han recogido ya más de 300.000 firmas entre el profesorado y que presentarán ante el Ministerio de Educación el próximo 21 de abril. Para Tallón, la prórroga de este sistema conllevaría grandes beneficios en el sector educativo. Entre otros, destacó la posibilidad de incorporar a nuevos profesores y la creación de nuevos puestos de trabajo.

La segunda concentración, por su parte, tuvo lugar ante la Delegación de Educación y estuvo organizada por las organizaciones sindicales CSIF y SADI y congregó a medio centenar de profesores. La razón de esta protesta fue la de exigir a la Junta la retirada de los reglamentos de organización, que entrarán en vigor el próximo curso. Para la responsable de CSIF, Elena García, estas normas "no suponen una mejora en las condiciones laborales del profesorado, sino que incluso se empeoran porque suponen una carga de funciones". Indicó también que los reglamentos provocarán que haya "una mayor burocracia y una mayor responsabilidad" y, todo ello, "sin contraprestaciones". García recordó también que el desarrolla de estas normas en el funcionamiento de los centros educativos supondrán la reducción del número de departamentos y de las horas asignadas para realizar las funciones encomendadas.