Han tenido que pasar 24 años para que el Gobierno central promueva una nueva ley de Ciencia, que hasta la fecha es un anteproyecto. Se trata de una norma que se ha hecho de rogar en todo este tiempo, a pesar de las constantes reivindicaciones del sector científico, que siempre ha reclamado mejoras. La nueva ley, que sustituye al texto de 1986, pretende evitar la fuga de cerebros y que los jóvenes no abandonen la carrera científica. Las aspiraciones que tiene el Ejecutivo con el desarrollo de la ley son muy elevadas, a tenor de las declaraciones y del texto. Como ejemplo, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ya ha citado que la ley prevé la creación del denominado Estatuto de la Joven Empresa Innovadora, una normativa que apoyará a aquellas entidades cuyo gasto en investigación y desarrollo sea al menos del 15%, con el objetivo de consolidar su actividad.

Uno de los cambios más esperados es que los investigadores predoctorales, que hasta ahora tenían una beca de dos años sin cotización a la Seguridad Social ni derecho a paro más otros dos años de contrato, pasarán a cotizar con los derechos de cualquier trabajador desde el primer año. Otro de los principales objetivos de la nueva ley será impulsar la transferencia de conocimientos. Para ello, la participación de las administraciones autonómicas será imprescindible, ya que de ellas depende la innovación. Para coordinar a todas las comunidades, el texto propone la creación de un nuevo Consejo de Política Científica y Tecnológica, que se encargará de definir una estrategia científica a nivel estatal y que contará con un sistema de información activo que recogerá las actividades de las 17 administraciones autonómicas.

Para conocer la opinión de la Universidad de Córdoba (UCO) ante esta nueva normativa, El Día ha hablado con algunos de las figuras más relevantes de la institución dedicadas al mundo científico. La mayoría considera necesaria la aplicación de la norma, aunque muchos lamentan que la ley nazca sin memoria económica y ponen en entredicho su viabilidad, dadas las expectativas generadas en el seno de la comunidad científica. Entre ellos se encuentra el premio Nacional de Química, Miguel Valcárcel, bastante crítico con el texto normativo y que señala que la ley "ha salido tarde" y llega "en un tiempo inoportuno", dada la crisis financiera. Para esta catedrático de Química Analítica, la norma apenas si viene a "justificar la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación" y reconoce que sus expectativas no han quedado cubiertas, ya que "esperaba una ley marco con vocación de amplitud". Para Valcárcel, una nueva ley de Ciencia "debería haber tenido vocación de plataforma para un Pacto de Estado sobre Investigación, Desarrollo e Innovación". Es más, el catedrático, que lidera un proyecto de nanotecnología en la UCO, sostiene que la norma "no impulsa el cambio estratégico necesario para la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación, ya que no incide o lo hace de forma poco profunda sobre aspectos clave como la competitividad basada en la calidad, la internacionalización, la evaluación y la financiación".

Uno de los cambios más esperados de este proyecto es que por fin los investigadores dejarán de ser becarios y pasarán a tener contrato y cotizar a la Seguridad Social. Sin embargo, para la Federación de Jóvenes Investigadores esta opción está incompleta, ya que "sólo se obliga a contratar al sector público, es decir, que no es para todos", apunta la portavoz del colectivo en Andalucía, Nadia Martínez. La ley, continúa, "beneficiará a los jóvenes investigadores de la Universidad, pero no a los becarios de las empresas".

Para Martínez, la ley tampoco llega en el mejor momento y reconoce que es difícil comprender "cómo se va a aplicar si no hay financiación suficiente". Como ejemplo, Martínez expone el caso de la Comunidad de Madrid, donde el año pasado "todas las becas se convirtieron en contratos y este año no ha sido posible". Esta joven investigadora coincide con Miguel Valcárcel en la necesidad de que se ponga en marcha un Pacto por la Ciencia y que de una vez por todas "se materialice y que la carrera investigadora tenga cierta coherencia".

Ante el borrador de la ley, el director de Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la UCO, Francisco Gracia, también se muestra cauto y, a pesar de que lo tilda de "bueno", reconoce que "requiere mejoras". "Desde la comunidad científica estábamos reclamando desde hace unos años la necesidad de una nueva ley a los nuevos tiempos", asegura. El que fuera director del Instituto de Salud Carlos III detalla que el anteproyecto de ley "establece un sistema de inicio de la carrera científica basado en contratos", una medida "muy positiva puesto que por fin se termina con la inestabilidad laboral de los investigadores". No obstante, apunta que habría sido "deseable" que también fuese de aplicación al sector privado. Gracia incide también en la importancia del mundo empresarial en esta ley, ya que el sector productivo en el sistema de Ciencia y Tecnología "es el final de la cadena de generación de conocimiento y el encargado de transformar la investigación en bienes y servicios". En España, apunta, "las empresas aportan menos del 50% del presupuesto total de investigación, cuando en los países desarrollo de nuestro entorno se alcanza el 60%". Por eso, "si queremos cambiar el modelo económico es esencial que las empresas inviertan parte de sus beneficios en investigación aplicada, en el desarrollo de nuevas tecnologías y, en general, en innovación".

La transferencia de resultados del mundo académico al empresarial ha sido una de las luchas de los últimos años de la presidenta del Consejo Social de la UCO, Anabel Carrillo, quien incide en la necesidad de que se produzca "un incremento de financiación privada en proyectos de investigación, desarrollo e innovación". Para Carrillo, la ley "viene a actualizar las normas precedentes y trata de abordar los retos sociales y económicos". La ciencia, incide, "tiene que ayudarnos a mejorar nuestra economía".

Carmen Galán lleva toda su vida profesional dedicada al mundo de la ciencia en la UCO y recientemente la Junta de Andalucía le concedió la Medalla de Oro por su labor investigadora en la aerobiología. Catedrática de Botánica, Galán defiende la norma, ya que a su juicio con ella "se estabiliza al investigador, se valora su producción científica a través de una evaluación externa y se facilita su movilidad". Todo ello "lleva a que se llegue a reconocer al investigador no sólo por la comunidad científica, sino por toda la ciudadanía". Una de las claves que defiende esta catedrática es que, con esta ley, "se potenciará la internacionalización" y el intercambio de saberes.

El director del grupo de investigación Eatco y creador del Ifreetablet, Carlos de Castro, también confía en la aplicación de la normativa, ya que considera que es fundamental en la incorporación de muchos agentes: organismos públicos, empresas, centros y parques tecnológicos, fundaciones y la propia Universidad. No obstante, apunta que a pesar del avance en investigación que se ha producido en España en los últimos años "en relación con la producción científico-tecnológica nos encontramos por debajo de la situación que nos corresponde por el volumen de nuestra economía".