El promotor de la construcción de 26 viviendas de protección oficial (VPO) en Aguilar de la Frontera (Córdoba), M. M. J.; el encargado de seguridad de una empresa subcontratada para las obras, F. G.M.; y sus dos responsables, P. Q. A. y J. A. Q. A.; han aceptado cada uno una pena de un año y medio de cárcel por el homicidio imprudente de un trabajador que quedó sepultado al caerle encima un talud el 28 de julio de 2003.

Los encartados reconocieron ayer que M. J. J. inició en junio de 2003 las obras para la construcción de VPO en Aguilar de la Frontera, "sin haber obtenido la preceptiva licencia de obras". Asimismo para acometer esta actuación subcontrató los servicios de una empresa constructora de la que eran responsables los hermanos imputados P. A. Q. y J. A. Q. A. El cometido de esta empresa era realizar los huecos de la cimentación.

El arquitecto técnico F. G. M., también acusado, era el encargado del plan de seguridad y coordinación de las obras que se iniciaron sin la licencia preceptiva y sin avisar de su comienzo a la autoridad laboral. Así, el 28 de julio de 2003, sobre las 12:45, el trabajador fallecido se encontraba trabajando "con conocimiento y consentimiento de todos los acusados" sin protección al lado de un talud donde estaba proyectado el sótano para garajes de las VPO. En ese momento, J. A. Q. A. conducía una máquina retroexcavadora con la que hacía maniobras en una zona próxima al saliente del talud. Debido a las vibraciones que el vehículo producía y la presión que la grúa ejercía sobre el talud, éste se desmoronó sepultando parcialmente a la víctima. El impacto de los materiales desprendidos le causaron heridas tan graves que falleció casi de inmediato.

El trabajador fallecido estaba casado y tenía tres hijos mayores de edad, que recibirán una indemnización de 240.000 euros por parte de las aseguradores responsables subsidiarias. Los cuatro acusados además deberán pagar una multa de 1.080 euros y no podrán trabajar en la construcción durante dos años y medio.