Córdoba

Demandan al Ayuntamiento por los permisos de obras en la campiña

  • Reclaman la anulación de la regulación del PGOU y denuncian el desarrollo de proyectos como Ciudad Mercedes o Torre la Barca mientras se prohíben otros

Seis propietarios de cuatro fincas de la campiña, que suman casi millón y medio de metros cuadrados, han demandado al Ayuntamiento como consecuencia de la autorización municipal -calificada como "arbitraria"- de dos proyectos en la zona, la Ciudad Mercedes y el complejo hotelero Torre la Barca en el Cortijo Salinas, mientras que la Gerencia de Urbanismo impidió en 2007 el desarrollo de un proyecto industrial en el mismo entorno. Los afectados reclaman en su recurso a los tribunales que se anule todo el capítulo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que reguló esta parte de la ciudad, anexa a la orilla del Guadalquivir más alejada a Córdoba y que se extiende por una gran franja de suelo.

La cuestión del tratamiento urbanístico de esa parte de la campiña llevaba latente desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana y ha acabado generando un hondo malestar en los propietarios de la zona cuando el Consistorio ha comenzado a autorizar determinadas iniciativas empresariales.

La demanda relata que el PGOU que se mandó a la aprobación de la Junta declaraba el suelo de la campiña más cercana a Córdoba como no urbanizable y señalaba la especial protección de determinados elementos del paisaje, los que se encuentran por encima de la cota de los 300 metros y las zonas más sensibles desde el punto de vista visual como el llamado balcón del río, la zona ocupada por el Cortijo Salinas. La consejera de Obras Públicas autorizó el PGOU aunque pidió que se aclarasen determinados aspectos.

Según el relato, la Gerencia de Urbanismo, sin abrir un proceso de información pública ni dar parte a los afectados, decidió hacer algo más que aclarar: declaró como suelo no urbanizable de especial protección tanto las suaves colinas de la campiña como todo el terreno circundante hasta sumar una superficie de colchón, que en principio era suelo no urbanizable genérico. "En vez de delimitar estos terrenos por sus características naturales, como sería congruente con su pretendida finalidad de protección paisajística, lo hace con un criterio artificial, absurdo y hasta frívolo que nada tiene ver con su valor", afirma la demanda. Para apoyar esta aseveración, los recurrentes explican que el informe de impacto ambiental no otorga ninguna importancia a la mayor parte de estos terrenos al considerar que son "monótonos". De la parte inicialmente protegida, las 168 hectáreas de la cornisa al Guadalquivir y las colinas, se pasó a una superficie de 762 hectáreas, cinco veces más.

Los demandantes afirman también que se alteró el régimen jurídico de esta zona, que es la clave de todo. Lo inicialmente protegido en el PGOU que firma la consejera Gutiérrez del Castillo "pasa a tener un régimen más suave el que se permitían los mejores usos lucrativos como los turísticos y recreativos de establecimientos de restauración, hotel, alojamiento turístico y áreas recreativas". Mientras que la ampliación realizada a última hora, se restringió "con todo el rigor", lo que prácticamente impide llevar a cabo cualquier proyecto que implique desarrollar una edificación. Los recurrentes dicen haber asistido "atónitos" a la autorización de proyectos en la zona.

Los demandantes pidieron en diciembre de 2007 al Ayuntamiento que les permitiera desarrollar un proyecto de polígono industrial. "Se denegó con un simple informe del servicio de Planeamiento en el que asegura que en Córdoba no había déficit de suelo urbanizable", dice el texto. Posteriormente, reclamaron a la Gerencia que se rectificase el Plan General. El consejo rector decidió rechazar esta propuesta. Urbanismo ya tuvo que retirar, en tiempos de José Mellado, la clasificación de El Cañuelo como sistema general por no haber sometido este proceso a la información pública de los afectados.

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