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Un empresario se enfrente a dos años por no dar de alta a un inmigrante
Un empresario se enfrente a dos años por no dar de alta a un inmigrante
El trabajador recibía un jornal diario de diez euros por lavar coches en un concesionario
Á. R. | Actualizado 09.02.2010 - 01:00El responsable de un concesionario de vehículos se enfrenta a una pena de dos años por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por dar trabajo a un inmigrante de nacionalidad rumana sin darlo de alta en la Seguridad Social. Según relata la Fiscalía Provincial de Córdoba en su informe provisional de acusación, los hechos se remontan a marzo del año 2007.
El día 12, el acusado -F. C. C.- contrató de palabra al extranjero, "consciente de su precariedad económica y social". El inmigrante se quedó al cargo del lavado de vehículos para su venta al público en un local ubicado en el polígono industrial de La Torrecilla y del traslado de los coches.
Según el relato de la Fiscalía, el horario pactado abarcaba desde las 08:30 hasta las 14:00 y desde las 17:00 hasta las 21:30. Por este trabajo, desde el 12 de febrero de 2007 hasta el 1 de marzo, el trabajador recibió un salario de 220 euros. Y, desde ese día hasta el 1 de junio del mismo año, la cantidad de diez euros al día por el trabajo desempeñado. El Ministerio Público insiste en que el extranjero "no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni percibía cualquier otra prestación o beneficio". El fiscal acusa a F. C. C. de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El día 12, el acusado -F. C. C.- contrató de palabra al extranjero, "consciente de su precariedad económica y social". El inmigrante se quedó al cargo del lavado de vehículos para su venta al público en un local ubicado en el polígono industrial de La Torrecilla y del traslado de los coches.
Según el relato de la Fiscalía, el horario pactado abarcaba desde las 08:30 hasta las 14:00 y desde las 17:00 hasta las 21:30. Por este trabajo, desde el 12 de febrero de 2007 hasta el 1 de marzo, el trabajador recibió un salario de 220 euros. Y, desde ese día hasta el 1 de junio del mismo año, la cantidad de diez euros al día por el trabajo desempeñado. El Ministerio Público insiste en que el extranjero "no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni percibía cualquier otra prestación o beneficio". El fiscal acusa a F. C. C. de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
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