Córdoba

El club donde se explotaba a mujeres se encuentra ya en funcionamiento

  • Las víctimas que denunciaron los hechos pasan a ser testigos protegidos y pueden llegar incluso a obtener la nacionalidad española por colaborar en la investigación

El club donde el Cuerpo Nacional de Policía desarrolló una operación contra la explotación sexual de mujeres y que culminó con la detención de 15 personas -entre ellas el dueño, los encargados, varios trabajadores y las propias prostitutas- apenas tardó 24 horas en ponerse de nuevo en funcionamiento, según informaron ayer fuentes próximas al caso. La operación fue publicitada por el Cuerpo Nacional de Policía desde Madrid como un auténtico varapalo contra las mafias de tráfico de mujeres e incluso el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, animó a las víctimas a romper las cadenas que las unen a los proxenetas para denunciar.

Pero, el día después de que decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía desembarcaran en el establecimiento y realizaran las detenciones, la realidad volvió a imponerse. De los 15 arrestados en Córdoba, 13 fueron puestos en libertad con cargos, con la única obligación de presentarse de manera periódica ante el juzgado de instrucción. Sólo el propietario pasó a disposición del juez de guardia, acusado de asociación ilícita y de sendos delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.

Cinco mujeres también fueron detenidas por infracción de la ley de extranjería. Fuentes judiciales explicaron que, al tratarse de testigos protegidos, gozan de una serie de privilegios como la regularización en el país y el derecho a residir en un piso de titularidad pública hasta que se celebre la vista oral. Con estos mecanismos, la legislación pretende que las víctimas ratifiquen los cargos de los procesados durante toda la investigación y en la sala de vistas cuando se celebre el juicio, debido a que las redes de trata de mujeres suelen disuadir a las mujeres para que no comparezcan ante la autoridad judicial.

La operación, que se ha saldado con 50 arrestados en las provincias de Córdoba, Málaga y Almería, arrancó precisamente gracias a la denuncia de varias víctimas durante un control rutinario en un club de alterne realizado por la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. El testimonio de las mujeres, que se encontraban en España en situación irregular, permitió a los agentes tirar del hilo y desmantelar la red.

Los máximos dirigentes de esta organización habían creado un complejo entramado mercantil para intentar ocultar las actividades de la trama. Los investigadores averiguaron que las mujeres eran obligadas a rotar entre los clubes por periodos de 21 días y debían atenerse a estrictas normas en cuanto a vestimenta, horario de trabajo -con jornadas superiores a 12 horas diarias durante al menos seis días a la semana- y un pormenorizado control del precio, duración y número de servicios sexuales. La red también había articulado una estructura de tráfico de drogas para abastecer a los clientes.

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