Las empresas subcontratadas por la sociedad Ploder Uicesa para acometer las obras de ampliación del aeropuerto de Córdoba han vuelto a suspender su actividad desde hace algo más de una semana como medida presión por impago. Según informó Antonio Barea, su empresa, Demoliciones Córdoba -del grupo Barea-, es una de las que se encuentran más afectadas, puesto que, como precisó el responsable de la entidad, mañana vencen unos pagarés por valor de 700.000 euros que fueron prorrogados. De este modo, señaló que como ninguna de las empresas subcontratadas está cobrando han paralizado las obras desde hace algo más de una semana.

Este nuevo parón se produce después de que el pasado 12 de noviembre reiniciaran los trabajos tras cobrar parte de los 1,8 millones de euros que se les adeudaba por parte de la adjudicataria. Las empresas ya anunciaron además la posible presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que afectarían a unos 350 trabajadores de las diferentes empresas como una consecuencia directa de los impagos de Ploder Uicesa.

La empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adjudicó en marzo de 2008 a la empresa Ploder Uicesa las obras para la ampliación de la pista. Según el contrato, esta firma se encargaría de la ejecución de los trabajos por 21,8 millones de euros en un plazo de 19 meses. De esta forma, rebajó un 34,95% el presupuesto fijado en la licitación, que era de 33,6 millones de euros, y en un mes el periodo previsto inicialmente para llevar a cabo las obras. Asimismo, AENA encargó en abril del 2009 a Ploder Uicesa todos los trabajos necesarios para el tratamiento de los terrenos que ocupará el nuevo aeropuerto, entre ellos los de más calado social, el derribo de 110 casas de las parcelaciones Llanos del Castillo, Fontanar de Quintos, La Altea, Guadalvalle y San Isidro de la Alameda.

La empresa adjudicataria disponía de un plazo de 32 meses para llevar a cabo todos los trabajos previstos, que consisten, además del derribo de casas, naves y de todo lo que haya edificado, en el vallado de las parcelas que deben ocuparse y en la anulación de los contratos de los servicios existentes. Además, incluye la prospecciones arqueológicas en las zonas afectadas. El presupuesto de adjudicación fue de 3,3 millones de euros.