Un parcelista que supuestamente inició la construcción de una vivienda en la parcelación de Las Pitas en el mes de septiembre de 2006 se sentará el próximo jueves en el banquillo por un presunto delito contra la ordenación del territorio por el que el Ministerio Público le reclama un año de prisión. El vecino, de 37 años y cuya identidad responde a las iniciales J. C. D. F., también se enfrenta a una multa de 3.360 euros y, en el caso de ser considerado culpable, el fiscal propone que asuma el derribo de su vivienda.

Según recoge el informe de acusación provisional, el individuo inició "sin licencia alguna" las obras de una vivienda de nueva planta junto a la carretera de Palma del Río, en suelo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía debido a su proximidad con la zona arqueológica de Medina Azahara. El fiscal insiste en que el encartado "tenía conocimiento de que no se podía construir" en aquel paraje por tratarse de un "suelo calificado como rústico" y de "especial protección" por su valía histórica, a pesar de lo cual promovió la construcción de una planta de 150 metros cuadrados.

La vista oral se celebrará el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 1, el primero que ordenó el derribo de una vivienda construida ilegalmente después de años de lucha del Ministerio Público. La demolición se produjo en diciembre de 2007 en la localidad de Obejo tras un arduo procedimiento judicial que aún se mantiene vivo a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional.

Hubo que esperar hasta marzo de 2008 para que un juzgado de lo penal de Córdoba ordenara el derribo de una vivienda construida en las proximidades del yacimiento arqueológico. Al igual que en el caso que se enjuiciará el jueves, la construcción de la vivienda se inició en septiembre de 2006. Los condenados -un padre y su hijo- comenzaron las obras "a pesar de tener conocimiento de que esta zona está protegida y sin solicitar licencia de obras ni autorización a la Junta de Andalucía".

Durante la vista oral, los dos encartados justificaron que desconocían que levantar una vivienda en Las Pistas constituía un delito. La sentencia echó por tierra las excusas: "Cualquier persona media, dada la repercusión mediática y social que para los propietarios de dichas parcelas tuvo la ampliación de la zona BIC en 2003, conocía la ilegalidad de la realización de nuevas construcciones", argumentó la juez. La resolución también condenó a los parcelistas a 18 meses de prisión.