Trabajo duro para reducir los efectos de la crisis. Los juzgados de lo Mercantil, lo Social, lo Penal -excepto el número 5- y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos empezaron ayer a funcionar por la tarde, una medida que se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable impulsado por la Consejería de Justicia para reducir los tiempos de resolución de esta administración, que en el caso de los órganos penales señalan ya vistas orales en Córdoba con un año de adelanto. El objetivo es reducir el volumen de trabajo generado por todos los pleitos como consecuencia de la crisis.

El plan de choque, destinado básicamente a reducir el nivel de asuntos pendientes de resolución, consiste concretamente en que los empleados de los órganos trabajarán hasta tres horas a partir de las 16:00 de la tarde los martes, miércoles y jueves entre ayer y el próximo 12 de enero de 2010.

La implantación concreta del plan, que no incluye la celebración de juicios sino que redunda principalmente en impulsar la tramitación de asuntos, requiere necesariamente de un plan específico semanal previo. Los secretarios de los órganos judiciales afectados son los encargados de colaborar con la Consejería para marcar los objetivos a alcanzar. Los secretarios también han cooperado a la hora de trasladar a la Administración autonómica el número de funcionarios que voluntariamente participan en este plan y una certificación en la que se haga constar su prestación. El juez decano, Luis Rabasa, reconoció ayer que no se le ha informado "oficialmente" de este proyecto.

La apertura de los órganos de lo Social y de lo Mercantil viene justificada, según explicó la delegada de Justicia, Mercedes Mayo, por la especial incidencia que la crisis ha tenido en las relaciones de trabajo y en los concursos de acreedores. En cuanto a los juzgados de lo Penal, la finalidad es incrementar la seguridad jurídica entre la ciudadanía y agilizar la tramitación de sentencias. El 50% de las plantillas de los servicios comunes de los partidos judiciales de Córdoba, Lucena, Montilla, Posadas, Pozoblanco y Puente Genil también se han sumado a esta medida.

En lo Social, el plan se completará el próximo 1 de noviembre con un juez de refuerzo en comisión de servicio que durante un semestre se encargará en exclusiva de resolver la avalancha de casos de despido generados en los últimos meses por la crisis. El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Félix Degayón, será quien asuma esta tarea.