A un día de que culmine el plazo otorgado por la Gerencia de Urbanismo para que las obras vuelvan a la Ronda Norte -concluye hoy-, la promotora Marín Hillinger dio ayer señales de vida. La empresa registró ayer un informe ante el organismo municipal en el que, a grandes rasgos, se opone a que se ejecute el aval financiero realizado en su día ante el Consistorio para garantizar tanto el final de la urbanización del plan parcial de Mirabueno como la conclusión de la Ronda Norte, que lleva parada desde mediados del año pasado sin que existas visos de que exista una posibilidad de que vuelvan los albañiles.

El documento es un informe jurídico que, casi como avance de un recurso judicial, se centra en desmontar la posibilidad legal del Ayuntamiento de cobrarse el dinero que se puso como fianza para asegurarse el final de las obras. La empresa ha asegurado al Consistorio que, sencillamente, no tiene fondos para terminar las obligaciones que asumió en su momento. Fuentes del sector, privadas y públicas, señalan que la promotora se encuentra sometida a movimientos accionariales sobre una mayoría del capital, en torno a un 60%, que inciden en la gestión de este asunto.

La empresa ha hecho llegar al Ayuntamiento la tesis de que los costes de urbanización del plan parcial han sido mucho más elevados y que eso no se ha tenido en cuenta a la hora de establecer las cargas del sector. Así, la promotora está dispuesta a terminar los jardines -con el calendario que le permita su situación patrimonial- pero los mensajes que se han recibido en Urbanismo afirman que no tiene dinero para concluir las obras de la carretera que, según el PGOU, es condición indispensable para el desarrollo de las viviendas del plan parcial de Mirabueno.

En este contexto, Urbanismo sólo le queda la opción de ejecutar el aval bancario, de 12 millones de euros, que se puso en su día para garantizar el desarrollo de la infraestructura mientras se vendían y ocupaban las casas de Mirabueno. Originalmente, las condiciones de la urbanización establecían que no se daría licencia de primera ocupación hasta la completa urbanización del sector. Posteriormente, se optó, para facilitar el desarrollo de la operación, que la ocupación de las casas y la carretera se fuesen realizando de forma paralela aunque con la garantía financiera que ahora se pretende ejecutar. Se trata de una operación bastante usual en la práctica urbanística que el promotor que quiere urbanizar una zona y construir las viviendas tenga que avalar el 100% del presupuesto con el objetivo de que el Ayuntamiento no se encuentre con una situación como la que ahora tiene que manejar Urbanismo.

Las fuentes consultadas explican que, en el caso de que el aval tenga naturaleza financiera, se actuaría sobre el dinero del banco que ejerció de entidad fiadora. En el caso de que la garantía sea patrimonial, Urbanismo tendría que proceder contra los bienes colocados como aval de la inversión. Los consultados por este periódico reconocen que no hay precedentes inmediatos en el Ayuntamiento sobre avales de tanta envergadura, aunque todo el mundo reconoce que se trata de un asunto que acabará en los tribunales de justicia como contencioso administrativo. El teniente de alcalde de Urbanismo ha defendido siempre que la ejecución del aval de Marín Hillinger es perfectamente posible.