La Fiscalía ha pedido al juzgado que investigue un supuesto delito de contaminación del medio ambiente -sin perjuicio de la investigación a realizar- por parte de tres empresas metalúrgicas que están ubicadas entre el Parque Joyero y el núcleo urbano. Según su escrito, dichas empresas emiten partículas de plomo, cadmio y otras conocidas como PM10, en cantidades superiores a la normativa vigente, lo que es perjudicial para la salud de más de 20.000 cordobeses que están en contacto con la atmósfera contaminada. Este es el caso de los vecinos del Parque Azahara o Palmeras, aunque también podría afectar a toda la ciudad, en función del vuento. Estas partículas pueden ocasionar "graves problemas respiratorios y originar procesos cancerígenos", según consta en el informe del fiscal.

La denuncia fue interpuesta por el delegado en Andalucía del Centro de Iniciativas Ecologistas Mediterrania José Luis Juárez, y dirigida al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Con las investigaciones realizadas por el Seprona, se comprobó que las empresas que emiten las partículas contaminantes son, supuestamente, KME Locsa, dedicada a la fundición de chatarra de cobre y latón; Peninsular del Latón, que produce barras de latón a partir de chatarra y virutas mediante fundición, y Cunext Cooper Industries, que fabrica transformados de cobre.

Según el informe de la Fiscalía, esta situación se puso en conocimiento del delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Rey. El responsable contestó que, debido a que las mediciones realizadas habían sido "puntuales, no es posible determinar si existe alguna incidencia en el medio ambiente y en la salud de las personas".

No obstante, la Junta de Andalucía añadió que tanto KME Locsa como Peninsular del Latón ya cuentan con procedimientos sancionadores por superar los valores límites de emisiones recogidos en la autorización ambiental y por no aportar el informe medioambiental de inspección, en el último caso.

La ONG solició tanto al Ayuntamiento como a la Junta que realicen un estudio epidemiológico para comprobar si las partículas emitidas por las empresas afectan negativamente a la población, ya que los vertidos de metales pesados, como es el caso del plomo y el cadmio, no pueden degradarse. A su vez, pidió la dimisión del delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba y la del responsable en este área del Ayuntamiento, Francisco Cobos, "porque se pasan la pelota unos a otros y no cumplen con sus obligaciones". También exigió a las empresas que "descontaminen lo que han contaminado y que se aplique el código penal". Este periódico intentó sin éxito que las empresas citadas aportaran su punto de vista.

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