La Asamblea de Estudiantes No a Bolonia realizó ayer el primer encierro de "forma simbólica" en el Campus de Rabanales y que, junto con el del próximo lunes, es el "punto de partida" de todas las actividades que piensan llevar a cabo para mostrar el desacuerdo con el plan Bolonia, entre las que se incluyen charlas informativas y debates públicos en los centros universitarios de la capital. Con este encierro se pretende denunciar el "mercantilismo" en la enseñanza que a juicio de este colectivo plantea el citado plan, ya que introduce "lógicas de mercado en ámbitos de la educación", y posee "un trasfondo económico muy fuerte", afirmó Alberto Alcalá, uno de los miembros de esta asamblea. Así, este colectivo protagonizará hasta el próximo mes de marzo diversas movilizaciones en protesta por la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como plan Bolonia.

Otro de los portavoces de los estudiantes, Pascual Campos, explicó que, además de los encierros por diferentes facultades de la Universidad de Córdoba, se llevará a cabo una manifestación por las calles del centro de la ciudad y otra centralizada a nivel estatal, que tendrá lugar en marzo.

Bolonia, según la asamblea, responde a la "masificación de trabajadores sobrecualificados que produce actualmente la universidad", una situación causante de "conflictividad laboral", que se pretende solucionar "a través de la privatización". Por este motivo, la Asamblea de Estudiantes No a Bolonia cree que es "muy necesario" un cambio en la universidad pública, empezando por "una renovación de los planes de estudios de carreras y un incremento presupuestario notable que permita alcanzar el porcentaje del Producto Interior Bruto medio de la Unión Europea", aunque "no en la dirección que marca actualmente el Gobierno como excusa para la adaptación al EEES, en la que se busca la mercantilización de la enseñanza universitaria".

Las principales reivindicaciones de este grupo es que se ejecute una moratoria a la aplicación del EEES, la apertura de un debate público junto a los órganos de gobierno de la universidad para la construcción de la universidad del siglo XXI, la disolución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y el apoyo a los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona que fueron expulsados de la misma tras las protestas contra el EEES.