La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio de Interior, aseguró ayer que "está trabajando" para que todos los conductores condenados por delitos de tráfico puedan cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta respuesta se produce después de que diferentes jueces de Córdoba advirtieran de que no pueden ejecutar las sentencias debido a la falta de medios.

Instituciones Penitenciarias aseguró ayer que, en la actualidad, mantiene un convenio con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos de los distintos municipios articulen medios para que los ciudadanos condenados cumplan los trabajos en beneficio de la comunidad. La institución dependiente de Interior, sin embargo, no entró a valorar el caso concreto de Córdoba, al tiempo que la Subdelegación del Gobierno decidió guardar silencio.

Los jueces elevan a centenares el número de individuos condenados por delitos de tráfico -alcoholemias, fundamentalmente- que esperan a cumplir su condena. Según los datos de la Fiscalía Provincial de Córdoba, un total de 996 personas han sido procesados por superar los límites de velocidad, ponerse al volante con unas copas de más o ir sin carné desde el pasado mes de diciembre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal.

La medida pretendía reducir los accidentes de tráfico y las muertes al volante. Este objetivo se ha cumplido, pero no así el carácter punitivo de la norma, según los jueces consultados, por falta de medios. La dinámica habitual es que los órganos judiciales remiten un testimonio de la sentencia al Centro de Inserción Social (CIS) de Las Quemadas -dependiente del centro penitenciario- con la pena que tiene que cumplir el infractor, y los funcionarios lo citan. Multitud de procedimientos se quedan ahí, en el acuse de recibo del CIS. Según las fuentes judiciales consultadas, el retraso en la ejecución de las penas arrastra varios meses, hasta el punto de que hay sentencias de enero y febrero que aún se encuentran pendientes.

En este contexto, y por sistema, los órganos judiciales se ven obligados a archivar provisionalmente decenas de expedientes. El problema surgirá en unas semanas, cuando algunas de las resoluciones empiecen a prescribir y los reos se queden sin cumplir las condenas. Esto podría ocurrir, según las fuentes consultadas, a partir de febrero. La explicación está en que el Código Penal indica que las penas leves -menos de 30 días de trabajos sociales o multas de hasta dos meses- prescriben al año de declararse firme la condena. Y en estas horquillas se incluyen la mayoría de condenas por delitos de tráfico.

Instituciones Penitenciarias argumentó ayer que mantiene plazas concertadas para ejecutar este tipo de sentencias con 43 entidades de toda España, entre las que se encuentran Cáritas o la Cruz Roja. A estas plazas hay que añadir "las propias que se generan en los centros penitenciarios".

La propia directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ya advirtió hace un mes del problema que suponía el cumplimiento de las penas de trabajos sociales durante la entrega de la medalla de plata al Mérito Social Penitenciario al Ayuntamiento. Alrededor de 700 presos están a la espera de realizar en Córdoba capital este tipo de medidas, una cifra elevada que ayer llevó a la propia Gallizo a solicitar la implicación a las instituciones "para que no se quede sin cumplir ni una sola condena". El Consistorio, en concreto, suscribió hace meses un convenio con el centro penitenciario que habilita 40 plazas para los internos.