Cuando un alumno altera el desarrollo normal de una clase, esto es, una contestación subida de tono al profesor o la interrupción de una clase con amenazas, genera una clara falta de convivencia y los centros educativos registran esta situación hasta 17 veces cada curso. Esto significa también que, al año, surgen 54 casos de las mismas características por cada 1.000 alumnos, según pone de manifiesto el estudio Convivencia en la comunidad educativa, que ayer presentó la Oficina del Defensor de la Ciudadanía.

Parte del informe ha sido elaborado a través de cuestionarios a 160 claustros de Secundaria de la provincia, ya que la Delegación de Educación no ha facilitado los datos del programa Séneca, en el que se anotan este tipo de incidencias. Dada esta circunstancia, la mayoría de los datos corresponden al informe sobre la convivencia en los centros educativos del curso 2004-2005 que elaboró el Consejo Escolar de Andalucía. A pesar de ello, el estudio refleja que el perfil del agresor es el de un alumno varón de 14 a 15 años. La conflictividad, según el mismo estudio, experimenta una notable disminución a partir de los 16 años. El 20% de las conductas negativas son graves y se concentran en muy pocos infractores que reiteran los hechos, en torno al cuatro por ciento del alumnado.

Otro de los datos que pone de manifiesto el informe es que uno de cada cuatro estudiantes inmigrantes -en Educación Secundaria este curso hay matriculados 1.090 alumnos- ha sido objeto de exclusión en su centro educativo, sobre todo por el idioma y las diferencias culturales.

El estudio desvela también que el 50% de los padres reconoce que no sabe cómo educar a sus hijos. Al respecto, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos -FAPA-Ágora-, Francisco Mora, aseguró que las familias "están deseando trabajar en los casos de falta de convivencia". Al respecto, el defensor del ciudadano, Francisco García-Calabrés, reconoció que la mayoría de las escuelas de padres "no terminan por consolidarse".

Recuperar la autoridad de la figura del profesorado fue una de las claves que apuntó la presidenta del área de enseñanza de CSI-CSIF, Elena García, quien consideró también necesario "reforzar los departamentos ante la diversidad de las aulas", así como "disminuir la ratio". "En los centros hay conflictividad de alta y baja intensidad, por lo que es necesario reforzar la labor docente, ya que ni el alumnado, ni las familias reconocen la autoridad del claustro", incidió.

A pesar de todos estos datos, que ponen en evidencia la necesidad de que en los centros educativos se adopten las medidas más adecuadas para mejorar el clima de convivencia entre los alumnos, los profesores y las familias, la catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba y experta en bullyng o acoso escolar, Rosario Ortega, aseguró que España cuenta con "el nivel más bajo" de incidencia frente a países como Francia e Italia y que se encuentra a niveles similares a los de Reino Unido y Holanda. Ortega dijo que las escuelas "han de asumir la pluriculturalidad" de la sociedad y que desaparezcan algunos "aspectos tradicionales", ya que con ello se evitarían numerosas situaciones de conflicto.