El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rafael del Castillo, pidió ayer a las administraciones que se legisle para defender y proteger el derecho a tener una vivienda digna. Del Castillo realizó un balance de la comisión de seguimiento de una moción, a instancia de la asociación Stop Desahucios, aprobada en Pleno y que declaraba a Córdoba ciudad contra los desahucios y por la vivienda digna. El delegado de Servicios Sociales, que estuvo acompañada por dos compañeras de la plataforma antidesahucios, recordó que la Oficina de la Vivienda ha atendido en lo que lleva en funcionamiento hasta 1.500 casos y ha abierto 445 expedientes, pero, apuntó, "hay demasiadas personas que ven mermado este derecho" y para protegerlo es necesario la colaboración institucional, "aunque el Ayuntamiento haga todo lo que esté en su mano".

Por su parte, Rocío López, de la plataforma, valoró el trabajo del cogobierno en esta materia y que se hayan atendido muchas de las demandas que este tipo de asociaciones han hecho a las distintas áreas. En cuanto a las posibles carencias que pudieran existir dentro de la gestión de estos recursos, ambos reconocieron que la Oficina de la Vivienda precisa de más dotación de personal y Del Castillo anunció que ya se ha abierto una oferta de empleo pública para cubrir dicho vacío con hasta ocho nuevos empleados, en su mayoría trabajadores sociales. Otra de las faltas que pudiera haber en las concesiones, apuntaron, es que las ayudas son temporales y no definitivas.