La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba mostró ayer su "absoluta disconformidad" con la idea del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recogida en su última memoria anual de proceder a la supresión del Juzgado de Menores número 2 de Córdoba. Esta central sindical estima que se trata de una propuesta que "supondría un retroceso en el acceso a la Justicia de los ciudadanos y el empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores relacionados con dicha jurisdicción, en especial el Juzgado de Menores, aunque indirectamente también se vería afectada la Fiscalía de Menores". El responsable de Justicia de CSIF, Diego Díaz, apuntó que, si hay que racionalizar recursos, la vía más adecuada sería mejorar el servicio con una mayor coordinación mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y con la eficiencia en la distribución de los recursos humanos, pero sin necesidad de renunciar a los actuales órganos.

Desde CSIF se pone de manifiesto que los módulos señalados por el TSJA para justificar su propuesta de supresión no se ajustan a los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2015 ni a los que maneja este sindicato. Según estos, los juzgados de Menores de la capital ingresaron 611 asuntos el año pasado (305 por órgano), unas cifras similares e incluso superiores al resto de órganos de la jurisdicción en Andalucía. Por ejemplo, los tres juzgados de una capital tan poblada como Málaga tuvieron una entrada de 869 asuntos en 2015, con una media de 290 por órgano, un número bastante inferior al de Córdoba, que, además, tiene menos habitantes.

Es por ello que, en opinión del sector de Justicia de CSIF, mayoritario en Córdoba, la supresión de uno de los juzgados de Menores duplicaría el número de módulos del otro órgano, "lo que conduciría al colapso inmediato de la jurisdicción por la inasumible carga de trabajo que se generaría". Esta central sindical trasladó este asunto con carácter inmediato a la mesa sectorial celebrada el pasado jueves. En ese encuentro, la Dirección General de la Consejería de Justicia e Interior quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios al manifestar que en ningún momento han participado en esa propuesta y que a día de hoy no tienen previsto ni se han planteado llevar a cabo tal medida .

CSIF consideró que las obligaciones de las centrales sindicales y de los operadores jurídicos, tal y como se recoge en la memoria del TSJA, es "abogar por la necesidad de reforzar las plantillas de Córdoba, especialmente las jurisdicciones más colapsadas de la capital y de los partidos judiciales de la provincia, donde, lamentablemente, aún hay órganos con plantillas de cuatro funcionarios, algo totalmente inaceptable, ya que somos la única provincia andaluza con esta realidad". Díaz también quiso señalar que "no compartimos tampoco bajo ningún concepto la opinión de la flexibilización en las plantillas a fin de reubicar a los trabajadores en distintos juzgados en función de las necesidades de los mismos".