Poner fin al problema de los veladores no es tarea fácil y por ahora no ha habido ningún gobierno municipal que lo haya conseguido. El asunto se arrastra de lejos y uno de las principales deficiencias, que se reconocen tanto desde la parte empresarial como desde la administración, es el clima de impunidad que ha imperado por las pocas sanciones. El procedimiento en este asunto requiere de la intervención de la Policía Local y también de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Los agentes pueden emitir boletines de denuncia si detectan alguna irregularidad en inspecciones rutinarias o si algún vecino llama para interponer alguna queja. Este boletín se remite a la Gerencia, que es el órgano que tiene que culminar el proceso, abrir el expediente sancionador y fijar la cantidad de la multa en su caso. En los últimos tres años -desde 2013- la Policía Local ha interpuesto 777 denuncias que han sido derivadas a Urbanismo. No todas han sido tramitadas y aquí está el quid de la cuestión. Ya sea por falta de personal u otras cuestiones, lo cierto es que el volumen de sanciones es bastante más reducido que los casos que detectan los agentes y, al final, la mayoría acaba en nada. Los hosteleros lo saben y eso ha derivado en una situación en la que hasta se cuestione la autoridad de los efectivos policiales.

Los datos facilitados por el área de Seguridad reflejan que en 2013 se interpusieron 179 boletines mientras que en 2014 la cifra se elevó hasta 366. Este año coincide con varias ofensivas que lanzó el gobierno del PP ante el prácticamente ultimátum que plantearon los vecinos. De hecho fue en 2014 cuando se puso en marcha la mesa de veladores en la que se exigieron medidas contundentes para atajar un problema que ya entonces se consideraba alarmante. Sólo en el último trimestre de ese año se realizaron varias campañas que estuvieron centradas en los puntos más conflictivos. En 2015 los conflictos se rebajaron hasta los 190. Esto se debe al cambio de gobierno municipal, que a su llegada detectó que la actuación de los agentes prácticamente se quedaba en papel mojado, por lo que hubo un cambio de criterio político en el que se optó por reducir las inspecciones salvo cuando se recibieran denuncias por parte de particulares o se detectaran incumplimientos flagrantes de la ordenanza.

En lo que va de año los agentes han interpuesto 42 boletines, según los últimos datos a los que ha tenido acceso este periódico. No obstante, desde la Policía Local y la Gerencia Municipal de Urbanismo se han marcado como objetivo poner freno a este problema que cada vez levanta más polémicas. El presidente de la GMU, Pedro García, insistió ayer en que desde el gobierno municipal "vamos a ponernos serios" con este asunto y así se demuestra en algunas actuaciones que ya han comenzado en los entornos más problemáticos como María La Judía. Así, los establecimientos de esta calle ubicada en El Tablero han retirado los toldos que, según la ordenanza no pueden estar colocados, y que ocupaban gran parte de la vía pública. García adelantó que "vamos a acometer actuaciones en otras zonas" aunque no desveló los lugares para que los afectados no estén en sobreaviso. La mesa de veladores ya definió cuatro espacios como prioritarios para iniciar las intervenciones debido a las dimensiones que había adquirido el problema. Se trata, precisamente, de María La Judía, avenida Barcelona, el eje Tendillas-Victoriano Rivera y la plaza de la Corredera.

García explicó también que mañana tratarán en el consejo rector una nueva convocatoria de la mesa de veladores, que hace un par de semanas tuvo que desconvocarse por el veto de algunos colectivos a que estuviera la oposición. Mañana se decidirá la composición definitiva del grupo de trabajo y la convocatoria de un próximo encuentro para debatir las actuaciones que se van a acometer desde la Gerencia.