La Comisión Europea ha decidido inhibirse en el asunto de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba al entender que carece de competencias en la materia, según se refleja en una respuesta por escrito fechada el pasado viernes. El posicionamiento de Bruselas viene a solventar las cuestiones presentadas en su día por un grupo de europarlamentarios españoles, entre los que se incluían el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o la exconsejera andaluza Clara Aguilera (PSOE). El comisario de Educación y Cultura de la UE, el húngaro Tibor Navracsis, es quien firma el texto en nombre de la Comisión para sostener que ésta "no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada". Argumenta del mismo modo que la protección y promoción del patrimonio "es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a apoyar y complementar la acción de estos".

Los eurodiputados españoles no habían realizado sin embargo esta única pregunta, sino que también le habían pedido a la Comisión que se posicionase sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica más allá de la Mezquita, pues consideraban que el proceso, "especialmente a partir de 1998", se había producido "al amparo de injustificables normas predemocráticas y confesionales". Demandaban en tal sentido que la Comisión instara al Gobierno de España para que, conforme al principio de transparencia, "facilite el listado completo de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica desde 1978". La respuesta a estas cuestiones coincide en esencia con la anterior, pues también la Comisión Europea sostiene que este tipo de discusiones no entran dentro del derecho europeo. El escrito lo firma en este caso la comisaria de Justicia, Vêra Jourová, que precisa que, sobre la base de la información de la que se dispone, "no parece que el asunto entre en el ámbito de aplicación del derecho de la UE". Añade la política checa que, en casos de este tipo, "corresponde a los Estados miembro, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respeten y se protejan de manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las obligaciones en materia de derechos humanos". En definitiva, lo que se viene a decir en ambos casos es que la UE carece de competencias generales para intervenir en los Estados miembro y "sólo puede hacerlo si se trata de alguna cuestión relacionada con la legislación de la Unión Europea", lo que se entiende que no es el caso.

La respuesta de Bruselas cierra otra vía a los grupos políticos y a la plataforma ciudadana que reclaman que se anule la inmatriculación de la Mezquita-Catedral y se abra un proceso para declarar pública su titularidad y la de otros inmuebles. No es la primera vez sin embargo que se encuentran con una decisión contraria a sus intereses, pues tampoco en los juzgados han logrado el respaldo que buscaban. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió hace ahora un año no admitir una denuncia del por entonces concejal de UCOR Carlos Baquerín, mientras que en el mes de junio el juzgado número 6 de Córdoba decretó el archivo de una denuncia sobre este mismo tema que se había presentado bajo la firma de varios exalcaldes como Julio Anguita, Herminio Trigo, Andrés Ocaña o Manuel Pérez. La resolución estimaba el archivo al entender que las inmatriculaciones se hicieron bajo el amparo de la Ley Hipotecaria y al defender que la Iglesia posee la Mezquita desde el siglo XIII sin que hayan existido conflictos.