Punto y final al expediente judicial abierto por la ocupación del colegio Rey Heredia por parte de una serie de activistas de la Acampada Dignidad, toda vez que a la retirada del Ayuntamiento de Córdoba como acusación particular se suma ahora la de la Fiscalía, con lo que el caso queda archivado. Así, el colectivo afectado mostró ayer su satisfacción por estos gestos, de manera que el Juzgado de lo Penal número 1 archiva la causa. La Acampada Dignidad informó ayer de que ya había venido reclamando el archivo del procedimiento, una vez que el propietario del edificio, tras el cambio de gobierno municipal en junio, llegó a un acuerdo para la cesión del edificio a la Asociación Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur, en la que se integra la Acampada Dignidad a través del Colectivo Dignidad.

Fruto del mismo acuerdo, y del compromiso adquirido antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Córdoba retiró la acusación presentada por el anterior gobierno contra diez activistas de la Acampada Dignidad por un delito de usurpación por la ocupación del Rey Heredia en octubre de 2013.

Tras esta retirada, y con el edificio cedido a los colectivos vecinales, "era necesaria la retirada del Ministerio Fiscal para que no llegara a celebrarse el juicio, previsto para el próximo lunes 9 de noviembre. Finalmente la Fiscalía ha retirado la acusación y con ello se ha archivado el procedimiento por parte del Juzgado". La Acampada Dignidad considera un acierto y celebra la decisión tomada por la Fiscalía y el Ayuntamiento de Córdoba, frente a la apuesta por la judicialización e intento de criminalización de la ocupación del Rey Heredia, y de la lucha social en general, que impulsó el anterior gobierno municipal del PP.

Añaden que con esta decisión, podrán dedicar su energía y recursos "a seguir luchando por la justicia y la transformación social y por organizar a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, de forma autogestionada". La Acampada Dignidad espera que en la misma línea, la Junta de Andalucía resuelva definitivamente el expediente sancionador por la denuncia contra el comedor social del Rey Heredia, estimando las alegaciones presentadas por el Colectivo Dignidad y dejando sin efecto la sanción propuesta.

A su juicio, "la lucha social no es delito", por lo que muestran "su solidaridad y apoyo a los distintos activistas, de todo tipo de colectivos, y movimientos sociales, que se están viendo reprimidos y perseguidos judicialmente en los últimos años, hasta el punto de ser encarcelados".