Casi 125.000 quejas derivadas de actuaciones de la Iglesia Católica con respecto a la Mezquita-Catedral recibió a lo largo del año pasado el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA). Así lo ha informado esta semana el organismo, que ha presentado su informe anual y que, incluso, dado el gran número de firmantes, ha dedicado un apartado específico en su balance al tema titulado Sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba. En su explicación, el DPA informa de que han sido miles de personas las que han trasladado su disconformidad con el proceder por parte de la Iglesia Católica "al considerar ilegítimo el derecho de propiedad que dice tener sobre el inmueble". Además, los mismos firmantes que se han reunido en una sola queja por el trasfondo que ocupa el tema y que han actuado a través de la plataforma Mezquita-Catedral: Patrimonio de Tod@s también expusieron que consideran "inconstitucional la norma en virtud de la cual se operó la inmatriculación y atentatoria contra el derecho al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía".

Desde el DPA manifestaron también que la plataforma ciudadana exige en sus distintas quejas acerca de la inmatriculación que se reconozca la titularidad pública del inmueble, que se realice una gestión transparente sobre el mismo, que se evite el uso del término "catedral" cuando se refieran a todo el monumento y que se realice un código de buenas prácticas orientado a dotar de significado al monumento.

Así, en el apartado de Cultura y Deportes la defensoría explica que tras varias reuniones con la plataforma para analizar el tema en profundidad, se decidió que el fin último del Defensor del Pueblo fuera propiciar fórmulas de entendimiento entre las partes que garanticen "muy en particular" el derecho de la ciudadanía a disfrutar de este tipo de bienes.

El informe del DPA contiene cada caso detallado y las actuaciones que llevó a cabo el organismo en cada una de las provincias a fin de actuar con el papel que le corresponde. En este caso, y acerca de las cifras que aporta el documento, se extrae que a pesar de esas 125.000 firmas sobre la Mezquita-Catedral, Córdoba no es de los territorios andaluces que más acude a la defensoría pública. Atendiendo a su peso poblacional dentro de Andalucía -un 10%-, la ciudadanía que acudió en 2014 al DPA fue un 9%. En otras provincias, sin embargo, el peso poblacional que precisa la ayuda de la defensoría es mayor que el que supone dentro del territorio andaluz. Por ejemplo, si la población de Sevilla dentro de Andalucía supone un 23%, el peso poblacional que acude al DPA es un 25%.

El análisis también incluye los datos relativos al género de la persona que remite la queja. La media andaluza deja unos porcentajes bastante equitativos: un 52% eran hombres y un 48% mujeres, en el caso de Córdoba fueron un 50-50.

Acerca de las distintas áreas en las que se han centrado las quejas, hasta 94 personas recurrieron con alguna protesta sobre el personal del sector público, 51 lo hicieron por algún tema de vivienda, 43 por temática educativa y 41 por servicios sociales. El resto de quejas no acapararon tantos usuarios pero cabe destacar entre ellas 38 por dependencia, 36 por urbanismo, 34 por prisiones o 30 por medio ambiente. También se incluyen muchas otras -hasta las 571- por igualad de género, menores, tráfico, obras públicas, administraciones tributarias o políticas activas de empleo.

Además del caso de la Mezquita-Catedral, el informe completo del Defensor del Pueblo Andaluz también incluye otros tantos casos cordobeses representativos en los distintos apartados. Así, en el apartado Valoración y calificación del grado de discapacidad el DPA analiza el caso de un ciudadano al que le había reconocido un grado de discapacidad del 11% con el que no estaba de acuerdo. El denunciante afirmaba que tenía reconocida la incapacidad permanente total por la Seguridad Social y que para poder trabajar en una asociación de minusválidos precisaba, como mínimo, de un 33%. A raíz del caso, el DPA envió escritos a la Junta de Andalucía para que asimilara lo marcado por la Seguridad Social y que así a los afectados "se les emita un nuevo certificado acreditativo de su discapacidad".

La memoria del departamento que dirige Jesús Maéztu, en el apartado de Educación, una queja presentada sobre el desplome del techo del aula de Informática de un colegio en Priego de Córdoba -aunque el aula ya estaba clausurada por prevención-. Este hecho, explica el análisis, había "indignado" a los padres ya que, además, las administraciones autonómica y local habían entrado en disputa en cuanto a la responsabilidad de acometer el arreglo. El fundamento de la queja, pues, se centró en pedir un arreglo de partes entre ambos gobiernos para que realizaran los trabajos pertinentes en el edificio, que al final se llevaron a cabo.

Otro de los casos más sonados en el informe del DPA y que, además, ha sido una queja que se ha manifestado en varias ocasiones, es la del personal de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía. Los trabajadores trasladaron a la defensoría que diariamente se veían obligados a prolongar su jornada laboral 15 minutos antes del inicio y 15 minutos después de su finalización, para realizar el relevo de enfermería, o solape entre turnos, sin que estos periodos de tiempo computaran como jornada laboral. Dado que se entiende que ese relevo es esencial para garantizar la buena salud del paciente porque es cuando se traslada la información sobre el mismo, el DPA expone que debería computarse con jornada laboral por lo que así lo trasladaron al Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el que aún no han dado solución.

Otra de las quejas que no ha podido solventarse es la de la instalación de una discoteca en una zona residencial, y aunque en el informe del DPA no detallan qué zona es, cabe destacar que durante los últimos años los vecinos de la zona del Brillante han batallado por la apertura de una discoteca y el ruido y molestias que ello les suponía. La protesta en este caso recoge los informes policiales y las quejas vecinales que, evidentemente, se iban a producir a raíz de esta apertura por contaminación acústica e incluso de basura. En el informe se detalla que no se puede impedir el otorgamiento de una licencia cuando se reúnen todos los requisitos legales para la apertura, de igual forma que queda claro las molestias que ello puede ocasionar. El informe del Defensor del Pueblo plantea que "¿cómo es posible que, conociendo de antemano un ayuntamiento que se van a generar tales problemas ambientales, e incluso de movilidad, si se solicita autorización para esta actividad, prevea en el PGOU su compatibilidad con unos usos residenciales cuando, además, conoce que las licencias son actos regulados y que, por tanto, si el solicitante cumple con los requisitos exigibles no tiene otra opción que otorgarla?".

El DPA abrió así una actuación de oficio por "los graves problemas que el ruido genera en las personas residentes en el entorno de estas instalaciones y la aparente impunidad con la que, ilegalmente, se instalan estas terrazas, sin autorización o ampliando las que ya poseen por la vía de hecho, es la pasividad y disfuncionalidades en la tramitación con la que, habitualmente, se gestionan los expedientes sancionadores". Con todo ello, el Ayuntamiento inició un Plan de Inspección de Veladores y el DPA cerró la queja de oficio.

A pesar de que estos son algunos de los casos más representativos que recoge el informe de 2014 del Defensor del Pueblo Andaluz, son otras muchas quejas las que aparecen en dicho resumen. Este estudio expone además que en el conjunto de Andalucía la temática que más quejas sumó a lo largo del año pasado fue el de las políticas sociales. Hasta un 12% de esas protestas pertenecen a la provincia que es de las que más representa en toda la comunidad, con Sevilla y Cádiz a la cabeza. Las políticas territoriales (obras públicas, transportes o urbanismo) también han experimentado un aumento en la comunidad, al igual que lo han hecho los temas relacionados con justicia. Eso sí, en Córdoba, los temas judiciales y relacionados son de los que menos protestas acumulan.