"Actividades que son productivas y relativamente legales, pero que son escondidas deliberadamente a las autoridades públicas para evitar el pago de impuestos y de Seguridad Social, así como el cumplimiento de ciertas regulaciones". Esta es la definición que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da sobre la economía sumergida, o como se intenta llamar ahora, economía irregular o informal. En Córdoba, este tipo de actividad supone hasta el 30,6% de todo el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia, unas cifras que la colocan como la tercera de Andalucía y muy cerca de las dos primeras: Almería (33,5%) y Granada (32,1%).

Este dato procede de los estudios realizados por Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y han sido analizados por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) con una examen más pormenorizado de su incidencia en la provincia gaditana pero con unas conclusiones que pueden extrapolarse al territorio andaluz y al resto del país.

La economía sumergida siempre ha sido una realidad incuestionable. Las chapuzas de fontanería o electricidad, las limpiadoras por horas en viviendas, las clases particulares o todos aquellos 'contratos' no declarados. Los límites de la legalidad fiscal en todos estos casos están claros: todo lo que lo que no se declare no contribuye al PIB y supone una actividad relativamente ilegal.

Del informe de la CEC se extraen conclusiones importantes acerca de las causas y consecuencias que suponen la economía sumergida. Existe una tolerancia social ante tal práctica, lo que implica que en la ciudadanía exista una falta de concienciación fiscal y tomen este tipo de actividades como algo cotidiano, del día a día, sin recaer en lo que ello supone para la economía. El resto de causas se concentran en la forma de legislar de las instituciones y las normas de fiscalización que de ahí se extraen. El aumento de los impuestos es, sin duda, la principal razón de que se quieran evadir los mismos. También contribuye la sobrerregulación y la rigidez del mercado laboral impuestos desde las administraciones. Pero el aumento exponencial que ha experimentado la economía irregular a lo largo de los últimos años es causa directa, sobre todo, de la crisis económica que azota a España.

El informe de Gestha del que se han servido los empresarios gaditanos aporta los siguientes datos cordobeses: entre 2000 y 2003 -periodo de desaceleración de economía- la economía sumergida representaba un 21,4% del PIB; entre 2004 y 2007 -con una fuerte expansión económica- esta cifra aumentó hasta un 22,4%; de 2008 a 2011 -años iniciales de las crisis- de nuevo creció hasta un 26,2% y en 2012, la cifra llegó a un 28,8%.

Ahora, con una mejora evidente de la economía, la cifra sigue en aumento. Entre las muchas razones que propician esta subida a pesar de la mejora en los estados, en niveles macroeconómicos, y las familias, en cotas más pequeñas, está el desempleo. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se han registrado tras el verano han dejado un panorama laboral que, con tintes de mejoría, aún tiene mucho camino para conseguir mantenerse hacia lo alto. Y es que Córdoba continúa registrando sus picos más altos gracias a las contrataciones puntuales del sector servicios en aquellos meses donde el turismo invade la ciudad, de la misma forma que lo hace con alguna que otra campaña agrícola, pero el fin de los mismos devuelve a la provincia a la realidad del desempleo. Más de 90.000 cordobeses engrosan las listas del paro y la salida a ello es buscarse la vida por otro lado. El desempleo supone así uno de los factores que propicia que la economía sumergida continúe al alza y no mengüe a pesar de esa leve mejora que ha tenido lugar.

En este caso, y tal como apunta el informe de la CEC, aquí juega un papel esencial el tejido empresarial de la provincia y su capacidad de generar empleo. De aquí se extrae que el desarrollo vendría de la mano de impulsar sectores que no estén excesivamente presentes. Por ejemplo, los empresarios gaditanos hablan de sectores de nuevas tecnologías o la internacionalización y la ampliación de mercados. De igual forma que se apuesta por el desarrollo, también habría que eliminar aquellos lastres que no ayudan a avanzar como las deficiencias en las infraestructuras, la escasez de financiación o la excesiva burocratización que se aplica a las iniciativas.

Sobre el tema se pronuncia el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, que reconoce esa "incuestionibilidad" de la economía sumergida. "Es una desgracia como otra cualquiera", explica Fernández de Mesa que pone el punto de mira en la Administración. "Lo primero que tienen que hacer es reactivar las empresas que ya estaban creadas", aconseja el presidente de la cámara cordobesa. Fernández de Mesa llama a las instituciones a incentivar la economía de forma que toda la actividad irregular disminuya a raíz de que salga a cuenta actuar de acorde con lo que establece la ley.

El máximo responsable de la Cámara de Comercio entiende además que para relanzar a esas empresas que han tenido que cerrar a causa de la crisis se le podrían "perdonar las deudas". Fernández de Mesa recuerda la carga fiscal que tiene que aguantar un empresario con la Seguridad Social y Hacienda y que en muchas ocasiones frena ese deseo de querer volver a abrir un negocio.

Sobre la parte de culpa que pudiera tener la ciudadanía, el presidente de la cámara también apunta de nuevo a los gobernantes. "Lo que pasa es que están hartos de pagar", descubre Fernández de Mesa que añade que contribuir a la economía sumergida es "una tentación fácil" dado que "no compensa" actuar acorde con lo establecido. El fin de todo es que esa economía sumergida salga a la superficie, recuerda Fernández de Mesa.

A raíz de la publicación del estudio de la CEC, también se ha pronunciado esta misma semana el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Luis Carreto. Sobre este aspecto, el responsable de CECO habló de "cierto tinte elevado" respecto a los datos sobre economía irregular y habló de la necesidad de llevar a cabo más estudios e inspecciones de Hacienda para conocer de cerca ese trabajo clandestino y abarcarlo.

En la misma dirección caminan los comerciantes cordobeses. Su representante en la organización Comercio Córdoba, Rafael Bados, coincide con Ignacio Fernández de Mesa en la necesidad de una rebaja en la presión fiscal para que la economía sumergida salga a la superficie legal.

Bados reconoce que esta práctica es "parte de la realidad de la economía real" de la misma forma que comprende que "es mala conceptualmente" y las consecuencias que conlleva. El responsable de Comercio Córdoba afirma que este aumento de la correspondencia del PIB con esta economía es causa directa de la crisis económica. "En función de la mejora de la economía, esperemos que baje, irá desapareciendo", adelanta Bados.

Para que esto sea así, añade el representante de los comerciantes cordobeses, sería necesaria una rebaja de la presión fiscal. "Los impuestos que soportan autónomos y pymes son un fuerte lastre y en muchos casos no los pueden soportar", lamenta Bados. Sobre esa ausencia de concienciación social, no cree que sea tal. "Creo que nadie le gusta estar en la marginalidad, a nadie le gusta estar fuera de la ley", sentencia.