La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor) celebrará una asamblea en la que, si nada cambia, convocará una manifestación para reivindicar la legalidad de la ordenanza municipal del taxi que elaboró el antiguo gobierno municipal del PP, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad- la tumbara a principios de agosto. Auttacor visitó ayer los grupos políticos municipales para informarles de que dicha protesta se celebrará el próximo 11 de septiembre -viernes- por "las principales vías más transitadas del centro de la ciudad de varios carriles, para terminar en Vallellano, en la Subdelegación del Gobierno", según detalló el presidente del colectivo, Miguel Ruano. "La ordenanza del taxi de Córdoba no es ilegal, al contrario de lo que dice [la organización de consumidores] Facua, como tampoco lo es el reglamento que la ampara, y la ley que ampara a ese reglamento", recalcó Ruano, quien fue más preciso aún y detalló que "las ordenanzas de Córdoba no son ilegales, como no lo son sus primas hermanas de sangre, que son las de Málaga, hechas con el mismo padre, que es el reglamento de Andalucía, y el mismo abuelo, la Ley Andaluza; y no son ilegales tampoco las ordenanzas de Sevilla, que son primas hermanas también de las de Córdoba. ¿Por qué Competencia no ha atacado al padre o al abuelo? No lo sé, ha venido directamente al niño", apostilló el presidente de Auttacor. Para el colectivo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad lo que quiere es la liberalización del taxi "y, bajo ese precepto, está en contra de todo".

Auttacor, convencido de que esa liberalización significaría la desaparición del sector, organiza esta movilización en un momento en el que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se encuentran trabajando en las alegaciones que van a realizar a la petición de Competencia. Este organismo exigió al Consistorio que rectifique hasta 14 artículos de la ordenanza municipal. Si no lo hace, este organismo interpondrá un recurso contencioso-administrativo en los tribunales contra el Ayuntamiento. Con este panorama, el cogobierno municipal del PSOE e IU tiene dos opciones, o rectifica los artículos o redacta una nueva ordenanza tras derogar la actual, tal y como demanda la organización de consumidores Facua y el colectivo Etaxi, que también tacha la norma de ilegal. El pasado viernes, los tenientes de alcalde Emilio Aumente (PSOE) y Alba Doblas (IU) prefirieron ser cautos a la hora de adelantar ante la prensa la posición que tomará el cogobierno al respecto y dejaron claro que esa decisión la condicionarán los servicios juríricos municipales.