La rescisión del contrato por parte de la Junta de Andalucía a Aldesa -empresa que se encargaba de la reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos- por no cumplir los plazos firmados en el contrato para materializar las obras va a suponer una nueva demora, que se antoja larga, para que Córdoba cuente finalmente con un centro destinado a la acogida de congresos y exposiciones. El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos (OPC), el cordobés Vicente Serrano, consideró ayer que este nuevo aplazamiento va a repercutir "negativamente", sobre todo en el colectivo empresarial derivado de la organización de congresos, y pidió a la Administración andaluza que comunique la fecha en la que se "pondrán en marcha" las instalaciones, ya que se están perdiendo "oportunidades históricas, así como la captación" del turismo de negocios derivado de astas actividades, del que se están aprovechando otras ciudades andaluzas que están "disfrutando" de la situación que aqueja a Córdoba. No obstante, Serrano no quiso entrar a valorar de quién era la culpa de "este nuevo parón en las obras".

Córdoba, actualmente, carece de un espacio habilitado para la realización de convenciones a gran escala. Para paliar este déficit de infraestructuras, la Junta emprendió un proyecto de acondicionamiento del Palacio de Congresos de la calle Torrijos que fue adjudicado a la constructora Aldesa en agosto de 2013 y, según estimaron en un primer momento, las reformas se culminarían a finales del año pasado. No obstante, la constructora solicitó una prórroga el 5 de diciembre de 2014, la cual le fue concedida hasta el 30 de enero de 2015. El pasado 27 de enero volvió a solicitar una nueva ampliación que, al igual que la anterior, se le concedió hasta el 30 de mayo. En este periodo, las obras no sólo no iban al ritmo que debieran, sino que éste iba decayendo. El 14 de abril, Aldesa volvió a solicitar a la Junta una tercera prórroga, que se le dio hasta el 30 de mayo y, nuevamente, volvió a incumplirla. Ante los continuos incumplimientos, la Administración regional anunció el pasado jueves que rescindiría el contrato con la constructora y aseguró que Adelsa iba a ser penalizada por el incumplimiento de las cláusulas contractuales.

"Llevamos tres años de demora, tres años esperando unas instalaciones que alberguen congresos nacionales e internacionales", lamentó Serrano. Entretanto "tenemos que buscar alternativas no adecuadas" para realizar éste tipo de exposiciones. En este sentido, comentó que "este sector está viviendo actualmente un momento álgido" y Córdoba "no está a la altura" para cubrir las necesidades que demanda. Lo único que genera este tipo de actuaciones es "preocupación y escepticismo" en el sector empresarial que se ha llevado una "desagradable sorpresa" que está "sufriendo en sus carnes".

La adjudicación de la obra del palacio de congresos a Aldesa fue criticada desde un primer momento por el Partido Popular. El secretario del PP en Córdoba y exalcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, anunció ayer que están estudiando el "tema" en profundidad y, "cuanto más la estudian, más se sorprenden". El exregidor cordobés declaró que "en cualquier proceso de adjudicación hay que seguir unos criterios para minimizar riesgos" y, en este caso, "no se podía haber hecho peor". Desde un primer momento, dijo, la Gerencia Municipal de urbanismo (GMU) se mostró recelosa con la concesión del proyecto de reforma a Aldesa, ya que se creía que el contrato -el más económico de los presentados- no se iba a cumplir. A este informe respondió la Junta de Andalucía con otro dossier aclaratorio para desdecir las dudas y, finalmente, "la realidad ha llevado lo que era, en un principio, insostenible a serlo, después de mucho tiempo y dinero perdido", enunció Nieto.

Además, el exalcalde calificó de "injustificados" los retrasos y las prorrogas que la institución pública andaluza le concedió a la compañía constructora, "que lo único que han hecho ha sido perjudicar a los cordobeses". A su vez, catalogó la licitación del contrato como "un ejemplo de cómo no se debería gestionar un proyecto por parte de una administración" y, por ello, exigió "responsabilidades" a los que gestionaron el proyecto "porque durante todo este tiempo no han exigido a la empresa que cumpliera lo prometido". Asimismo Nieto espera que "la Junta no deje tirada a ninguna subcontrata, que aún no han cobrado".

Otro colectivo empresarial que se pronunció ayer fue la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, desde donde afirmaron que la paralización de obras estratégicas en la ciudad tiene que ver con "el empeño de las Administraciones públicas en adjudicar las mismas a ofertas desproporcionadas y temerarias" con el objetivo de "reducir su endeudamiento y conseguir el equilibrio de las cuentas públicas". A su vez, desde la asociación pidieron que las instituciones valoren los criterios de los informes técnicos sobre las empresas licitadoras ya que, de lo contrario, el resultado se ajustaría "a lo que está ocurriendo con el Palacio de Torrijos: paralización de las obras, impago a los proveedores o extinción de los contratos de trabajo". Se refirieron también en este sentido a lo ocurrido en la antigua Normal de Magisterio.