Los docentes universitarios que se jubilen ahora tendrán una serie de bonificaciones a partir de los 65 años. El Gobierno central ha decidido incluir a los profesores de educación superior entre los beneficiarios de esta medida contenida en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y que afecta a Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

La bonificación que les correspondería será "en virtud de los servicios que hayan realizado y la edad del retiro", según informó el Ejecutivo. Se reconocerá a los docentes universitarios un porcentaje adicional por cada año completo de servicios entre la fecha en que cumplieron la edad citada y la del hecho causante de la pensión, según una escala prevista en la Ley. Es una medida con efectos retroactivos al 1 de enero de 2015 e "inmediatos", ya que si el beneficiario cumple los requisitos, "se revisarán de oficio para adecuarlos a lo establecido en la disposición adicional quinta de la reforma legislativa".

La Universidad de Córdoba (UCO) puso en marcha en 2002 un plan de incentivos para la jubilación voluntaria y de su propio presupuesto abonaba una serie de bonificaciones a los que decidieron retirarse durante aquellos años. Era parte de una estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla, puesto que la de la UCO era una de las instituciones cuyos profesores tienen una edad media más elevada.

Sin embargo, el Gobierno no vio con buenos ojos esta medida y el Tribunal de Cuentas llegó incluso a abrir diligencias preliminares sobre los planes de jubilaciones a varias instituciones académicas de Andalucía, como la de Granada. Así las cosas, la UCO suspendió de manera cautelar el programa en 2012, año en el que además se aprobaron las restricciones para la contratación de funcionarios y toda una batería de medidas para la contención del gasto en las Administraciones públicas. El problema es que mientras se incentivan las jubilaciones, las universidades no pueden apenas reponer ese personal que causa baja en la institución. Desde 2012 ha habido una tasa de reposición de solo el 10%, que este año se ha ampliado al 50%. Pero a la imposibilidad aún de reponer a la mitad de los docentes funcionarios que se marchan hay que sumar las necesidades no cubiertas que se han ido aglutinando durante los últimos años de muy bajo margen para reponer efectivos de personal.

Con este acuerdo entre los Ministerios de Educación y de Hacienda, el profesorado universitario se une ahora a los jueces, abogados y otro personal de la Justicia, que tienen reconocido ya este derecho en la disposición adicional quinta de la Ley del Poder Judicial.

Tal y como asegura el texto normativo, aquellos que "causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con 65 años de edad cumplidos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2015".

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha mostrado su satisfacción por la incorporación de los docentes universitarios en este grupo de beneficiarios. Según el secretario general de Universidades, Juan María Vázquez, "se está escuchando al Ministerio, que busca defender a los docentes de toda España en sus condiciones laborales, sociales y económicas".