El delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, explicó ayer las líneas de trabajo que tendrá la Oficina de Defensa de la Vivienda, entre las que destacó los convenios de colaboración propuestos a los bancos, ya que consideró que "es fundamental para poder disponer de una bolsa de viviendas que puedan ser ofertadas a familias que no tengan alternativa habitacional". El Ayuntamiento también ofrecerá colaboración al Colegio de Abogados, para "buscar soluciones al problemas" y a la Administración Judicial para "poder acceder a información cuando tengan ellos conocimiento de familias que se enfrentan a procesos de desahucio y buscar alternativas, además de para que ellos informen de los derechos" con que cuentan estos hogares. La oficina también tiene pendiente fijar un protocolo de actuación con la Junta de Andalucía, con el objetivo de "trabajar de manera complementaria y no duplicar esfuerzos". El edil de Bienestar Social explicó que para asegurar que la puesta en marcha de la oficina se hace de "manera sólida", los miembros que formarán este organismo se desplazarán a las distintas capitales donde ya están funcionando con la finalidad de "aprender de ellas y compartir experiencias", apuntó el delegado.

Desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento informaron de que el coste de la oficina estará en función del personal -formada, en principio por cuatro trabajadores-, el material necesario para la puesta en marcha, los desplazamientos realizados y las dietas. Asimismo, desveló que el director de la misma será Javier Lucena, sociólogo.

Del Castillo recalcó que la oficina abordará el problema desde un plano social y se enfocará desde la mediación y la prevención".