Las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos siguen paradas y sin fecha de reinicio cercana. Tanto es así que la empresa adjudicataria, Aldesa, ha incumplido la última prórroga que le dio la Junta de Andalucía -que suponía finalizar los trabajos el 30 de junio- por lo que la administración autonómica ha decidido encargar un informe jurídico para decidir su posicionamiento con respecto a la constructora y ver si se mantiene o no la adjudicación o se emprenden acciones legales. Así lo apuntó ayer la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, quien añadió que el Gabinete jurídico está ya estudiando el asunto para decir "qué corresponde hacer" y con el objetivo de que "las obras terminen cuanto antes y podamos abrir el Palacio de Congresos, que es lo que más preocupa a la Junta de Andalucía".

La obra está paralizada desde hace meses después de que las subcontratas denunciaran impagos, el algunos casos, desde el mes de febrero. Aunque hasta ese momento no se hicieron públicos los problemas financieros del proyecto de remodelación, los empresarios señalaron que desde el inicio de la segunda fase de la obra se han producido graves dificultades, de tal modo que una iniciativa que en principio les resultó muy atractiva a los subcontratistas por su visibilidad pública amenaza con convertirse en un infierno. La Junta, por su parte, siempre ha defendido que estaba al corriente de los pagos con la empresa y que era Aldesa la que estaba provocando esta situación.

Crespín insistió ayer en que es preciso esperar a conocer "qué nos dice el informe jurídico", lo que conllevará que se haga "un estudio de todo el expediente en su conjunto", para así "poner sobre la mesa algunas líneas de actuación" y, entonces, "tendremos que tomar decisiones". En cualquier caso, desde la Delegación del Gobierno andaluz insistieron en que se va a trabajar "intensamente para buscar la solución más adecuada, siempre dentro de la legalidad y pensando en los intereses generales de la ciudad, para que Córdoba pueda contar con el equipamiento de congresos como se merece y que demandan la propia ciudadanía y el sector".

La segunda fase de la obra de reforma del Palacio de Congresos se adjudicó en junio de 2014 y tenía en un principio un año de plazo de ejecución, según dio a conocer el por entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. Aldesa se hizo con esta iniciativa al imponerse su propuesta a otras realizadas por empresas como Sacyr, Bauen o las cordobesas Jícar y Canval. En total, el proyecto, en el conjunto de sus dos fases, tiene un coste presupuestado de 3,5 millones. La fase actual se centra en el salón de actos en sí, que pasará de una capacidad de 500 plazas a 775 y que dispondrá de diversas innovaciones técnicas para que pueda usarse como espacio polivalente y no sólo como salón de actos. Los empresarios del sector congresual han subrayado en diferentes ocasiones lo urgente de esta obra, ya que ahora mismo la ciudad apenas cuenta con espacios dignos para poder mantener su oferta de congresos de una forma adecuada.