La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga la denuncia de Emerita Resources España por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, ha decidido archivar media docena de hechos denunciados respecto a un supuesto "trato de favor" al grupo Magtel por parte de la Junta de Andalucía. En un auto que tiene fecha del 23 de junio, la instructora ha ordenado al Grupo de Medios de Pagos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que investigue los trabajos de asesoramiento realizados por el ex director general de Innovación Andrés Luque García para la empresa andaluza Magtel, que es miembro del consorcio Mexico-Minorbis, adjudicataria del concurso internacional para la explotación de la mina.

La resolución de la magistrada avala el criterio de la Fiscalía de Sevilla que, citando la doctrina del denominado Caso Naseiro, recordó en un informe remitido al juzgado que la investigación criminal ha de versar sobre un hecho punible específico e individualizado, "sin que el proceso penal pueda abrirse para descubrir en su seno delitos en general, ni sean admisibles investigaciones de prospección, estando vedada por tanto la apertura de una inquisitio generalis [una causa general] contra el ciudadano".

La juez concluye que, vistos los términos del informe de la Fiscalía, y sin perjuicio de que otros aspectos objetos de la denuncia "puedan ser objeto de una investigación propia de aportar en un futuro nuevos datos que así lo justifiquen, procede a día de hoy ceñir las presente investigación a las relaciones existentes entre Magtel y Andrés Luque, decretando entretanto el sobreseimiento respecto de los restantes aspectos puestos de manifiesto".

Entre los hechos que la juez, con el respaldo de la Fiscalía, ha archivado se encuentra la denuncia de Emeritas respecto a que en el grupo Magtel trabajan "destacados miembros del PSOE y antiguos altos cargos de la Consejería de Industria" y que dadas esas "excepcionales relaciones existentes entre los titulares del grupo de empresas y la administración autonómica y a pesar de la absoluta falta de experiencia en el sector de la energía eólica, fue Magtel la compañía a la que más megavatios se le concedieron por la Junta".

Según los denunciantes, entre 2011 y 2012 el Ministerio de Industria concedió a Magtel una serie de préstamos finalistas para la instalación de fibra óptica en determinados municipios, dinero que "no fue empleado exclusivamente en dichas instalaciones" y a pesar de ello Magtel solicitó un nuevo préstamo a la Junta "con la excusa de convertirse en operador de telecomunicaciones y proveedor de Internet", aunque este crédito no ha sido concedido.

En el auto, la juez acuerda librar un oficio a la UDEF para que realice las comprobaciones necesarias para averiguar los trabajos de asesoramiento que "efectivamente" se hubieran realizado por la empresa Fisur, en la que figura como administrador el ex delegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba y que también fue director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura, Andrés Luque. La magistrada quiere saber asimismo si la empresa Fisur cuenta con los "medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes" facturados a Magtel, y en definitiva, en "qué han consistido los servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos que se describieron como objeto del contrato" firmado en noviembre de 2011. Esta investigación se ordena después de que la empresa denunciante afirmara que los honorarios que constan abonados "fueron en realidad una retribución por servicios presuntamente prestados por Andrés Luque mientras que ostentó cargos públicos y vinculados por tanto a la percepción de subvenciones".

En el auto, la juez acepta la personación en la causa del Grupo Magtel (Inversión y Gestión Corporativa S.L.), porque no existe "inconveniente" para ello y porque además puede "facilitar la colaboración" con la investigación para acreditar estos extremos.

El contrato entre Magtel y Fisur establecía que ésta última prestaría servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos por cinco años, con unos honorarios estipulados en 10.000 euros mensuales más IVA, y llegando a percibir un anticipo de 120.000 euros.

La juez señala que durante el tiempo que Luque ostentó los cargos públicos, entre julio de 2000 y junio de 2011, las empresas vinculadas al grupo Magtel obtuvieron tres subvenciones. Así, Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A. percibió 379.980 euros, Magtel Energías Renovables, 92,085 euros, y Magtel Redes de Telecomunicaciones SAU, dos millones de euros. El auto recoge que, a fecha de marzo de 2015, se denuncia que Fisur "no ha realizado labor alguna de asesoramiento, si bien Andrés Luque recoge todos los meses, personalmente, en las oficinas de Magtel un cheque por el importe acordado". Consta asimismo, prosigue el auto, que "prácticamente el único ingreso de Fisur lo representan los honorarios que le abona el grupo Magtel".