La polémica suscitada la tarde del 30 de mayo en la plaza de Los Califas, cuando Juan Serrano Finito de Córdoba mató a un toro después de que sonasen los tres avisos, no quedará tan sólo en los anales del coso cordobés y en la memoria de los que asistieron al espectáculo taurino, ya que la Junta ha decidido tomar cartas en el asunto y aplicar la normativa. La Delegación del Gobierno en Córdoba dio a conocer ayer en tal sentido que ha iniciado un proceso sancionador al veterano matador después de que le llegase un informe sobre los hechos redactado por el presidente de la plaza, que en aquella jornada era Manuel Rodríguez Moyano. El documento relata lo que aconteció sobre el albero, según la visión del palco, y se refiere de forma explícita a "la reiterada desobediencia del diestro a las órdenes de la Presidencia en su afán de conseguir el indulto de la res". El presidente hace de hecho una propuesta de expediente sancionador que la Junta ha decidido seguir.

La polémica por la actuación de Finito se produjo en el tercer festejo del abono de la Virgen de la Salud, que protagonizaba el matador de El Arrecife junto a otras dos figuras del toreo actual, José Antonio Morante de la Puebla y Alejandro Talavante. La reses que se lidiaban pertenecían al conocido hierro ganadero Núñez del Cuvillo. En el segundo de su lote, Finito de Córdoba realizó una muy meritoria faena, que provocó gran entusiasmo en los tendidos. A la hora de matar a la res, el diestro comenzó sin embargo a mirar al palco de la autoridad a la espera de que concediera el indulto, que nunca llegó porque el presidente entendía que el toro no había reunido las virtudes precisas para ser devuelto primero a los corrales y luego a la ganadería. Los tres avisos reglamentarios llegaron a sonar, por lo que, según la normativa, el animal debería haber sido enchiquerado sin que el torero entrase a matar para ser apuntillado en los corrales. Finito, sin embargo, cogió el estoque y acabó con la vida del toro. Luego, una vez concluido el festejo, alegó que con el elevado ruido que había en la plaza en ese momento no había llegado a escuchar los clarines.

Estos hechos, según el comunicado de la Junta, se han calificado como una infracción tipificada como grave en la Ley 10/1991, que podrá ser sancionada con multa de 150,25 a 60.101,21 euros y suspensión para lidiar hasta un máximo de seis meses. Para determinar la cuantía de la posible sanción, se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, la trascendencia de la infracción y la desobediencia del torero respecto a dos órdenes del presidente del espectáculo. Dependiendo de la propuesta que en su momento formule el instructor del expediente, la competencia para resolver puede recaer en la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Justicia e Interior, y el plazo para la resolución puede llegar a los diez meses.